Cuestión de principios éticos presidenciales

En la era moderna de la democracia norteamericana ningún individuo con intereses comerciales e industriales tan abarcadores ha llegado a la más alta magistratura de ese país. Ha habido individuos muy acaudalados que, por vocación o ambiciones personales, lo han logrado; pero ninguno se compara con la magnitud y complejidad del entramado de intereses económicos de la Organización Trump de su propiedad, lo que plantea una situación incómoda sobre potenciales conflictos de intereses que le puedan restar credibilidad a su administración. En Chile, Colombia, Panamá y en otros países hemos conocido condiciones parecidas, pero nunca con semejantes magnitudes.

La Organización Trump cuenta con más de 500 propiedades adquiridas y empresas creadas en todo el mundo, con más de treinta años de actividades privadas. La cantidad y valor exactos son poco conocidos: edificios comerciales y residenciales, hoteles, restaurantes, clubes de golf, aviones, concursos de belleza, editoras de libros, viñedos, administradoras de bienes raíces y de servicios empresariales, regalías por derechos de uso del nombre. Posee propiedades y negocios en varios estados del país —Florida, California, Hawaii, Nueva York— y en importantes ciudades como Chicago, Las Vegas, Palm Beach, Washington, Filadelfia, Atlantic City, entre otras. También en otros países: Indonesia, Escocia, República Dominicana, Argentina, Corea, Irlanda, China, Qatar, India, Mumbai, Canadá, Panamá. Ha presumido un patrimonio que excedería los US$10 000 millones.

¿Cómo asegurar que sus decisiones presidenciales no tengan el escondido propósito de beneficiar a sus empresas? Sus asesores le han asegurado que las leyes de su país exceptúan al presidente, vicepresidente, legisladores y jueces del ámbito federal de prohibiciones a empleados públicos en lo concerniente a conductas que impliquen posibles conflictos de intereses. Teniendo manos así libres, se plantea la reflexión de Oscar Bautista de la UNAM de México: ‘No es a través de controles externos [sobre] la función pública como se impide que [se] cometan actos indebidos sino a través de la sensibilización, del desarrollo de la conciencia, así como del establecimiento de principios internos en las personas como se podrá evitar la realización de actos contrarios a la ética'.

El presidente Trump anunció que se desvinculará del manejo diario de sus negocios y los confiará a sus dos hijos adultos. La Oficina de Ética Gubernamental ha manifestado que esa medida es insatisfactoria porque el presidente siempre sabrá cuáles son sus intereses empresariales; sugiere, a cambio, que debería deshacerse de todos sus activos empresariales y depositar ese dinero en un fideicomiso ‘ciego' con inversiones totalmente desconocidas para él. ¿De qué otra manera podría desconocer que una torre, hotel o club de golf Trump ya no le pertenece y evitar suspicacias por medidas que tome desde la Presidencia?

Un dilema parecido se le presenta a varios miembros de su Gabinete, quienes han optado por deshacerse de sus propiedades o interese privados para evitar que esos intereses interfieran con sus responsabilidades públicas. Parece ser el caso especialmente de ministros tales como los de Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores.

Además de la Oficina de Ética Gubernamental que vigila la conducta de funcionarios federales, se ha sugerido que el nuevo presidente nombre un asesor especial en cuestiones éticas que puedan involucrar conflictos de intereses en las decisiones oficiales que tome.

No hay duda de que la presidencia de Donald Trump, por sus circunstancias singulares, acarreará siempre un potencial conflicto de intereses que será muy vigilado por las personas deseosas de creer y de confiar en sus mandatarios. Cuando el poder político, mal usado o abusado, se inclina en beneficio del interés económico personal del gobernante que lo detenta, se afecta el valor supremo de la democracia.

EXDIPUTADA