Las amenazas del FIS

La clase política, tanto de Gobierno como de oposición, no encuentra dónde meter la cabeza para evadir un caso que trasciende la simple denuncia de corrupción o manejo privilegiado de recursos provenientes de fondos destinados a obras de carácter social. Aunque los colectivos políticos dentro del Órgano Legislativo hayan unificado el discurso del rechazo, unos individualmente, otros como bancadas, y que los partidos no han emitido una sola nota sobre el particular, lo cierto es que esta revelación, de algo sabido y tolerado desde hace muchos años, puede desembocar en una peligrosa situación de ingobernabilidad.

En este tema no está en juego la honorabilidad de uno que otro elegido por el voto popular. Es un tema que trasciende y que escapa del control de la clase política. Es también una revelación de hasta qué niveles la impunidad y el desprecio hacia la opinión pública han minado las estructuras políticas del país. Los fondos del FIS, antes llamados FES, o también partidas circuitales, no son otra cosa que la cuota de poder económico que todos los gobiernos le han entregado a sus elegidos para mantener sus espacios de influencia dentro de las comunidades y en los períodos electorales es utilizado para apuntalar las candidaturas de sus principales dirigentes.

De allí, dos problemas prácticos: ¿Está dispuesta la clase política a renunciar a esa fuente económica vital para mantener el liderazgo de sus elegidos dentro de sus circunscripciones? O, por el contrario, ¿estaría dispuesta a asumir, en un supremo acto de arrepentimiento ante una sociedad impactada por la denuncia de malos manejos de sus fondos, un proceso de rectificación para que ello no vuelva a ocurrir?

Estos instrumentos inventados por los organismos internacionales, dizque para transferir parte de los beneficios económicos a los sectores más necesitados, han sido mal utilizados por algunos “ elegidos ” bajo el argumento de que, ellos, necesitan recuperar sus inversiones electorales o para tener cajas menudas con las cuales atender la presión de sus espacios clientelares. Lo cierto es que casi ninguno podrá justificar el uso millonario de esas “ donaciones sociales ”. Mientras más períodos tiene en sus cargos un diputado, representante, más abultados son sus presupuestos y, por ende, sus beneficios. Son más caros. Este famoso fondo social también ha sido utilizado para neutralizar a “ elegidos ” demasiado críticos en el discurso de oposición o para pasar proyectos de cierta complejidad política.

Lo cierto es que esto se ha convertido en parte de la cultura política del país. No es un tema nuevo. Nació con la República y con el tiempo se perfeccionó. Ningún Gobierno ha dejado de usar esa oportunidad para apuntalar la casi frágil institucionalidad del Estado.

La clase política, lejos de perder su tiempo en mutuas acusaciones, debiera sentarse a hacer una reflexión sobre los costos y consecuencias de este “ destape ”. Para mantener la vigencia de las instituciones políticas y la gobernabilidad del país, ellos tienen que hacer algunas concesiones —algunos sacrificios— para rectificar ese proceder que amenaza con hundir al propio proceso democrático.

Quizás valga la pena pensar en retomar el papel originario del Órgano Legislativo y dejar en manos de otras instancias el tema del manejo financiero de las mejoras sociales en sus comunidades. Es una tentación malsana, dejar en poder de nuestros voraces “ elegidos ”, sin ningún tipo de control, tamaños presupuestos. Tal vez esta lección nos sirva para seleccionar mejores dirigentes políticos y llevar al Legislativo verdaderos cuadros, que puedan dedicarse a crear leyes para bien de toda la Nación. Veamos si la clase política tiene conciencia de la gravedad de su situación.

*Miembro del PRD. rvasquezch@cwpanama.net