Frontera Darién

La frontera terrestre entre la República de Colombia y la República de Panamá es un límite internacional continuo de 266 kilómetros, que recorre un gran arco cóncavo hacia la zona panameña. Esta frontera es de tipo mixta, es decir se sirve de elementos geométricos y naturales. Desde su punto de partida en el lado Pacífico se proyecta una línea recta de 28 kilómetros, que corresponde a la frontera geométrica; y los 238 kilómetros restantes delimitada por puntos naturales, marcados por un total de 14 hitos, los cuales se inspeccionan y da mantenimiento periódicamente. La frontera está demarcada por el Tratado Vélez-Victoria de 1924, y su amojonamiento se realizó entre los años 1935 y 1938.

En un inicio, el intercambio fronterizo consistía del trivial tráfico marítimo o terrestre entre contadas comunidades adyacentes del área fronteriza, en su mayoría colindantes al Océano Pacífico o el Mar Caribe. Un flujo limitado de personas y contrabando, ya sea de licor, cigarrillos, armas, comida, prendas y vestimentas, dio paso en la década de los setenta del siglo pasado a la cocaína y fármacos, de sur a norte en dirección de los grandes mercados de Estados Unidos de América y Europa.

El marcado interés de Colombia por la interconexión eléctrica y terrestre hacía nuestro país y el norte, convierte el tema de la frontera en un punto permanente de la agenda diplomática entre ambas naciones. Esa aspiración lleva al país vecino a destaponar paulatinamente el lado colombiano de la frontera, fenómeno sustancialmente agravado a consecuencia de la crisis migratoria de los últimos tres años.

Hay que llamar las cosas por lo que son, y la cruda realidad es que el flujo humanitario alimentado por el fracaso del mal llamado Socialismo Bolivariano de Venezuela, se transforma con el tiempo en el productivo negocio internacional de hoy, que tipifica la conducta delictiva que deriva del tráfico internacional de seres humanos. En este negocio participan funcionarios y militares de los gobiernos Maduro y Petro, en contubernio con elementos del crimen internacional organizado, entre otros. Se calcula que en el presente año la facturación bruta de esta actividad será de setecientos millones de dólares, sirviendo tanto a víctimas de países sometidos a fracasados modelos socialista, como a una creciente clientela pudiente proveniente de China, África, la India y otras regiones. Estos últimos se transportan hasta Caracas, Bogotá y Brasil en reconocidas líneas áreas internacionales, sin requerimiento de visa o verificación previa de antecedentes.

Ante la toma de la crisis migratoria por elementos criminales, que desvirtúan su naturaleza de humanitaria a delictiva, la Procuraduría General de la República tiene la obligación constitucional de ordenar la apertura de sumarias de oficio con el fin de identificar y procesar a todos aquellos que, dentro y fuera del país, resulten responsables por acción u omisión de la comisión de crímenes derivados del tráfico internacional de seres humanos y ambientales en detrimento de los bosques protegidos del Darién. Esta conducta delictiva viola tratados internacionales ratificados por la República de Panamá en materia de derecho humanitario y ambiental, por lo que nuestras autoridades tienen la obligación de perseguir y denunciar los delitos relacionados dentro y fuera del país.

Por otro lado, existen antecedentes de acuerdos policiales entre la República de Panamá y terceros países, que permiten la colaboración de fuerzas policiales nacionales y extranjeras dentro del territorio panameño, en lo relacionado al combate del tráfico de drogas y lavado de dinero, el terrorismo y otros delitos. Este tipo de acuerdos han sido declarados legales por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, en respuesta a recursos procesales presentados contra los mismos ante esa instancia. En otras palabras, es viable y legal la colaboración presencial transnacional en nuestro país, cuando se trata de combatir el crimen organizado transfronterizo.

Con base a estos antecedentes y el peligro que representa para nuestra seguridad nacional el descontrolado flujo de migrantes en la zona fronteriza del Darién, con la complicidad y contubernio de organizaciones delictivas y Estados extranjeros, urge que el Órgano Ejecutivo coordine con países amigos tales como Costa Rica, México, Estados Unidos de América y Canadá, programas o acuerdos de colaboración presencial entre las fuerzas policiales fronterizas de esos países con el Senafront. Estos acuerdos podrían ser de carácter bilateral o multilateral, según se determine más conveniente, y de requerirse ordenar el cierre indefinido de puntos críticos de la frontera con Colombia.

De no actuar con la premura que exige el momento, de darse el cierre definitivo de una de las fronteras a nuestro norte en la ruta del flujo humano, podríamos convertirnos en el tonto de a pie al concluir la música en este peligroso juego de Sillas Musicales. No estar preparados para esta posible decisión y acción sería inexcusable, la catástrofe en ciernes representa un riesgo que nuestro país no esta en capacidad de asumir.