Gobierno y democracia universitarios; tradición e innovación

Las universidades públicas, llamadas oficiales, en nuestro texto constitucional, son organizaciones complejas, que llevan a cuestas una tradición pluricentenaria, de ocho siglos, si a las universidades del Occidente europeo nos remitimos. Dichas tradiciones son tanto académicas y curriculares como de gobierno y gestión. El sello propio de estas entidades fue, desde siempre, el gozar de una cierta autonomía frente a los poderes constituidos, que las creaban bajo su mecenazgo y patronato, pero cedieron a ellas ciertas competencias, a fin de que la coyunda de los aprendices y enseñantes pudiera marchar en la búsqueda del conocimiento (Alfonso X El Sabio, dixit).

Las universidades latinoamericanas, herederas de Salamanca y Alcalá de Henares, siguieron los patrones europeos básicos, hasta que la Revolución francesa y el Imperio napoleónico dieron paso a un nuevo modelo propio de las universidades republicanas, que desde 1821 se calcó en toda Nuestra América. Dicho modelo se mantuvo casi sin cambios hasta 1918, cuando el levantamiento estudiantil de Córdoba, instaurara un modelo académico y de gobernanza para las universidades latinoamericanas, centrado en tres principios: autonomía respecto al Estado; co-Gobierno universitario entre los docentes y estudiantes; libertad de cátedra. Ese es el ADN básico de la universidad en esta parte del mundo. Dicho modelo no logró avanzar en idéntica forma y tiempo en todo el subcontinente, pero marcó una tendencia que se impondría y adaptaría de acuerdo al contexto sociopolítico de cada Estado nacional en América Latina y el Caribe (ALC).

En Panamá, donde la universidad moderna es de hace apenas 88 años, el proyecto reformista se impuso luego de vencer el original modelo de Gobierno que el tándem Méndez Pereira-Arias diseñara para la vida de la Universidad de Panamá. Sería hasta los años 70 y luego de la censura vivida con el cierre de la máxima casa de estudios tras el golpe de Estado de 1968, cuando el Reformismo de herencia cordobesa se instaura para modernizar una institución elitista. Se dio paso a la “democratización / masificación” de la vida universitaria y con ello, a apuntalar el reformismo torrijista que adelanta un proceso de movilidad social ascendente y una rápida profesionalización de las clases medias y de amplios sectores de las clases humildes, imprescindibles para modernizar el país.

En materia de Gobierno universitario, la democracia como régimen de vida política tiene dos dimensiones: la externa (que supone autonomía frente a los poderes del Estado) y otra interna, que conlleva el manejo de la vida académica y darse un Gobierno propio. Para esto último se han ensayado dos fórmulas en Panamá: La democracia directa, de elección directa -si bien de voto ponderado de los actores-; y la democracia indirecta a través de la elección, por representantes de cada uno de los estamentos, proporcional a su peso en la vida académica (más peso para docentes y estudiantes y menos para el sector administrativo). Ambas formas son completamente legítimas, ensayadas tanto en Panamá, como ALC y en el mundo.

La Universidad Especializada de las Américas, tras una amplísima consulta a la familia universitaria, a través de foros con todos los actores, decidió ensayar la forma de elección de rector mediante el método indirecto. Esto supone la elección de un claustro de 57 miembros, elegidos éstos por votación directa, ponderada y secreta de los estamentos universitarios (59 % de docentes, 24 % de estudiantes y 17 % de administrativos). Por ejemplo, en el caso de docentes, “los claustrables” deben poseer 10 años de docencia continua en la Udelas y ostentar ejecutorias de publicación / investigación. Este “claustro electoral” o simplemente “claustro” tiene por único propósito: elegir al rector o rectora, quien debe presentar y defender un plan escrito de su proyecto para los próximos cinco años, poseer doctorado, certificar competencias en manejo de una segunda lengua, publicación científica, publicación de libro, amén de vida y experiencia en gestión universitaria comprobadas.

El método se ensaya como un mecanismo que evite “el carnaval” de elecciones y los gastos dispendiosos; las heridas y trifulcas que estos procesos han supuesto en varios similares en el país, intentando que el grupo electo por sus altas cualificaciones se centre en examinar el programa de los candidatos y certifique sus competencias para ser la máxima autoridad personal de una casa de estudios superiores en el siglo XXI.

El claustro es una apuesta de innovación social, legítima y legitimada “ex ante”, con la aprobación del nuevo Estatuto Universitario de la Udelas. Es una opción democrática, pues respeta el voto de los estamentos; y enfatiza en la excelencia, antecedentes y propuestas de los candidatos, antes que su capacidad para mercadear votos en campañas muy onerosas, y que fácilmente propician la diatriba y la descalificación antiacadémica. Como toda propuesta “novedosa”, esta fórmula es “una apuesta” de futuro. Ciertamente tiene no solo ventajas; también posee falencias, pero estas últimas, como en cualquier mecanismo democrático, dependerán del compromiso de los agentes (electores y representantes) para hacer que sea idóneo y no se maleé para alcanzar el fin de elegir a los mejores.

No hay democracia perfecta. Pero la democracia la aseguran quienes eligen y su participación activa, efectiva y plural. Tales condiciones parecen estar dadas en Udelas.