Gobierno pretende que el pueblo sea sacrificado

El escenario nacional es de profunda crisis, la pobreza aumenta, el desempleo y la informalidad son crecientes, la canasta de necesidades básicas no se puede comprar dado los altos precios, la inseguridad ciudadana es alarmante, pero el gobierno sigue derrochando los recursos públicos, que son del pueblo panameño.

Durante su mensaje en la Cita Eucarística, Monseñor Ulloa, condenó que 82,033 niños y niñas vivan en pobreza: “Permitir que la primera infancia crezca marcada por la pobreza es perpetuar la desigualdad”. También aseveró que “Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre, enfermedad prevenible o abandono”.

Sin duda, estos resultados son la ejecución de política económica de gobiernos empresariales, como el de Mulino, que llaman a recortar el gasto social, tal como lo manifestó Felipe Chapman, quien ante los cuestionamientos por la galopante deuda externa, que en este gobierno se ha incrementado en aproximadamente 14.5% (hasta diciembre de 2025 aumentó en $7,536.5 millones).

Según Chapman, la solución rápida es reducir los gastos dramáticamente a través de despidos masivos (50 mil funcionarios públicos) y eliminando subsidios (dejar subsidio del gas para cocinar, terminar 120 a los 65, eliminar apoyo al transporte público, electricidad y medicamentos) como lo han hecho otros países. ¡Por qué no consideró la eliminación de los gastos suntuarios? Eliminar pago de celulares y combustibles a ministros, directores, diputados, magistrados y presidente; suspender la compra de autos de lujo que exhiben altos funcionarios; eliminar el uso innecesario de helicópteros; reducir viajes y acompañantes, que en ocasiones son familiares que van a ver negocios; reducir los extraordinarios viáticos y eliminar dietas; eliminar en serio la evasión fiscal; cobrar impuestos a sectores extraordinariamente rentables de la economía; acabar con la impunidad que fomenta la corrupción (organismos internacionales colocan la corrupción en más de $1,000 millones por año, aproximadamente un 3% del PIB); eliminar los nombramientos de “asesores”, familiares y socios que reciben altos sueldos; eliminar la partida discrecional del presidente; todas ellas acciones de corto plazo sin trauma social.

El gobierno de Mulino no tiene respuestas a las demandas sociales; pretende que el pueblo humilde y trabajador sea sacrificado una vez más. Por ello arremete contra toda voz y acción crítica. Voceros de la Iglesia han cuestionado esta inequidad y falta de justicia, por eso los cuestiona. Las organizaciones sociales, como el Suntracs, demandan justicia, equidad social, real democracia y respeto a los derechos humanos, por eso nos quieren disolver.

Como siempre los Gobiernos viven en el país de las maravillas mientras el pueblo padece hambre. En el marco de esta nefasta realidad, existen voces crecientes que demandan promover la reflexión sobre la necesidad de que el pueblo sea protagonista directo en la toma de decisiones, a la construcción de real democracia y respeto pleno a los derechos humanos y la soberanía.

En este contexto, Frenadeso ha convocado a un encuentro de dirigentes gremiales y populares, el sábado 18 de abril, en la Universidad de Panamá, con el fin de fortalecer la unidad con miras a la defensa de los derechos del pueblo humilde y trabajador. Se trata de los derechos humanos en su orden económico, político, social y ambiental, así como la defensa de la soberanía nacional frente las amenazas de Trump y su gobierno contra nuestro país. Debatiremos sobre la nefasta apertura minera que impulsa el gobierno y sectores del poder económico, igualmente el impacto negativo que genera el proyecto de embalse en río Indio. Un punto relevante de la agenda es el alto costo de la vida que genera precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Sin dudas es un espacio para unificar la lucha del movimiento social.