Los graves peligros del narcotráfico

El esfuerzo de los estamentos de seguridad para contener el incremento del tráfico de drogas es inmenso. Debe ser valorado en su justa dimensión por la ciudadanía. Cada vez apreciamos, con mayor regularidad, dado el esfuerzo conjunto de varios países con los que colaboramos, que son mayores los decomisos de estupefacientes que se encuentran en nuestro país o que, por esa colaboración multilateral, son detectados afuera, como ocurrió a finales de noviembre en Dubai, emirato del golfo Pérsico, donde fue detenido un colonense.

No es nuevo el dilema que tiene la fuerza pública panameña frente a la penetración de los cárteles de la droga no solo en sus propias filas, por las inmensas fortunas que poseen capaz de comprar a muchos, sino también en los encargados de impartir justicia y realizar investigaciones.

Hemos visto detenciones de funcionarios del Órgano Judicial y el Ministerio Público involucrados con narcotraficantes, donde liberan a detenidos sin derecho a libertad, sabrá Dios pagando cuánto y de policías que colaboran con ellos. O de jueces que, tras encontrar a delincuentes irrumpiendo en locales comerciales, detenidos “in fraganti”, les dan casa por cárcel. ¿Qué tipo de control pueden ejercer las autoridades frente a esos probados delincuentes para impedir que se “escapen” de sus viviendas y vuelvan a hacer lo mismo? ¿Cuánto deberán estar pagando esos malandros para obtener decisiones judiciales tan cuestionables?

Nuestros vecinos viven realidades que todavía, gracias a Dios y al esfuerzo de los estamentos de seguridad, no han llegado a nuestros lares. Pero nos rondan muy de cerca. En el caso de México, se ha vuelto costumbre ver con regularidad asesinatos de periodistas que se atreven a reportar noticias e investigaciones sobre el narcotráfico en sus entornos.

En Ecuador, al igual que en Venezuela, las cárceles son dirigidas por bandas criminales que regularmente ponen en jaque a las autoridades y protagonizan matanzas a lo interno de sus recintos. Nuestro vecino Costa Rica ya va siendo penetrada por las bandas mexicanas, al igual que Honduras, donde acaban de declarar emergencias nacionales ante el incremento del crimen organizado y hasta un expresidente y su hermano están detenidos en Estados Unidos por su vinculación con estos delitos de lesa humanidad.

Lo peor de todo es lo que hay en el medio de todo este problema. Los delincuentes poseen armamentos más sofisticados que las fuerzas del orden, lo cual sirve de inmenso lucro para los traficantes de armas y municiones, algunos vinculados con las autoridades.

Esos malandros se buscan aliados, padrinos o testaferros criollos que no solo se disfrazan de comerciantes “honestos”, sino que ejercen cargos públicos como diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y posiciones claves dentro del engranaje estatal. Ese es el caso del “honorable representante” de Cambio Democrático en Isla Grande, Colón, o del exsuplente de una diputada del PRD de esa misma provincia, esposo de una vicealcaldesa del mismo partido. En el pasado las vinculaciones han afectado a cercanos de diputados del panameñismo.

Si bien no hemos llegado a los extremos de otros países, lo que ocurre es preocupante. Como señalé en mi cuenta de Twitter, no ha habido un solo comentario de repudio de estos hechos de ningún dirigente del PRD, CD o del panameñismo, planteando que esa actitud, propia de avestruces, podría convertirlos en cómplices.

Se acerca el 2024 y no vemos esfuerzo alguno de ningún partido político para impedir que el crimen organizado financie candidatos o hasta proponga gente de su entorno para cargos de elección. No hay que no ser ciegos para saber que, por el caudal económico que poseen, sea dentro de los partidos donde tengan más posibilidades de hacerse de las candidaturas. Lo mismo puede ocurrir con los llamados independientes que prostituyen con inscritos en partidos políticos y escogen esa vía para competir desvirtuando el sentido de independencia y convirtiéndose en dependientes de tramas corruptas y hasta criminales.

Lo que se ve hoy no es nuevo. Ya Varela decía que había por lo menos siete diputados involucrados en actividades del narco y no hizo nada. Hasta un exdiputado PRD fue asesinado y otros dirigentes del mismo partido han corrido la misma suerte. Con Martinelli, hasta tuvo que renunciar un procurador por su posible vinculación con esos señores y en el presente Gobierno han sido varios los casos descubiertos.

Me preocupa que, por diversas razones, sean pocos los periodistas que investigan estos hechos y que la sociedad civil se haga la que no le importa el tema. Comencemos a vernos en el espejo de México, Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador y Brasil. Si esto se sale de control podríamos caer en el autoritarismo, así como lo ha mostrado Bukele en El Salvador.