Funcionarios y la historia

Quien escribe la historia de estos tiempos tendrá muchos problemas en transcribir de una manera axiomática y convincente para las futuras generaciones, los hechos tal cual ocurrieron. No importa a qué evento se van a referir para exponerlo conjuntamente con otros hechos que ocurrieron durante el mismo hilo de tiempo. Las fuentes primarias y secundarias no son confiables.

Por un lado los medios de comunicación se han convertido en parte de la historia. Hace décadas, los diarios constituían una fuente irrefutable de información. Sus periodistas y editores guardaban celoso respeto por su oficio.

Sobre los acontecimientos recientes hay dudas de muchos que cuestionamos las motivaciones en la manifestación de hechos que, si fuesen presentados escuetamente y sustentados, permitirían un análisis independiente de cada individuo o grupo de la sociedad. Pero de los recientes eventos ya hay lecciones, a pesar de que aún estamos por conocer toda la verdad, si es que tendremos ese privilegio algún día.

Debe ser obligatorio, amparado por la ley, que todos los funcionarios públicos cuyos cargos los compromete significativamente a tomar decisiones críticas en nombre de la Nación en el ejercicio de sus funciones, sean sometidos a un proceso de “descargo informativo oficial y relacionado” para conocer los acontecimientos y hechos que se dieron en el proceso de los eventos o actos que gestionaron.

Para que el presidente de los Estados Unidos de América pudiera retener el uso de su teléfono BlackBerry, tuvo que modificarse por razones de seguridad informática, pero ante todo, por razones contenidas en el Acta de Archivos Presidenciales de 1978, (Presidential Records Act (PRA) of 1978).

Esta acta dispone precisamente que toda información que el presidente genera en el ejercicio de sus funciones, forma parte de sus archivos presidenciales. Hay reservas a esta acta que permiten mantener los documentos bajo restricciones de uso público por hasta doce (12) años después de que haya finalizado el periodo presidencial.

Los Archivos Nacionales Panameños deben contar con el poder necesario para garantizar que cada funcionario rinda declaraciones — en detalle — de sus actos a favor o en detrimento de la Nación. Si esto fuera requisito indispensable para ocupar posiciones de responsabilidad en la administración gubernamental del Estado, muchos se cuidarían de negociar o prometer prebendas a propios y extraños, con los recursos del Estado, incluyendo su influencia oficial. No tienen que recordarme que ni siquiera cumplen con la obligación de declaración jurada de bienes.

En un país de “juega vivos” les parecerá tonto a más de cuatro esta propuesta. Nuestro país es muy inmaduro para implementar acciones como la mencionada, con el fin de capturar y proteger su memoria histórica.

Pero, independientemente de eso, todos los funcionarios deben entender que la información que manejan y protegen es propiedad del Estado panameño y es un acto de responsabilidad y de patria entregársela a las arcas históricas de la Nación. Si lo actuado es crítico y comprometedor hoy, pero se realizó para proteger los intereses del país, ciertamente la historia entenderá. Con esto en mente, actuarán en estricto deber hacia los intereses de la Nación y los historiadores del futuro los retratarán en su justa dimensión.

-El autor es comunicador social.ernestoholder@gmail.com