Homicidio culposo

Santiago. _ “Bajo el paraguas del Pentágono”. Así sentenció el general Torrijos el resultado de lo que negoció finalmente con EE. UU. Un contrato para la explotación de nuestros recursos mineros no tiene la dimensión histórico-política de los Tratados Torrijos-Carter; resulta falaz la tesis de que esta contratación compromete nuestra independencia. Hoy, la “causa de conflicto” no existe. No hay riesgo del principal recurso natural: nuestra posición geográfica. ¿Dónde están los mártires de la “lucha popular” en favor del cobre bajo tierra? ¿Alguien cree que encontraremos en el Consejo de Seguridad de la ONU apoyo a nuestra “causa del subsuelo sin explotar”? El concepto de soberanía incluye dominio y jurisdicción territoriales. La extinta Zona del Canal era un ejemplo inobjetable de lo que esta combinación puede afectar a un país. En el caso de la minera no se conforman tales ingredientes.

Solicitar permiso para utilizar el espacio aéreo tiene expreso interés con la seguridad física por potenciales daños debido al uso de explosivos. ¿Daños ambientales? ¡Claro que los hay! En la construcción del Canal también los hubo. Sucedió igual con la ampliación de la ciudad. En todas partes del mundo el desarrollo industrial, comercial, habitacional y minero, ha implicado estos daños. Culpable: el desarrollo. Por eso han sido creadas las autoridades en este campo. Hay cláusulas con medidas para contenerlos. ¿Insuficientes? Entonces la lucha no ha terminado.

Si no existe el hecho de una negociación que culmine 100 % a favor de una de las partes, es porque eso se trata de un sueño. En una negociación exitosa las partes pierden algo, pero obtienen otra cosa en reciprocidad. La valoración de lo que se cede y de lo que se gana, es la discusión que sigue; pero, es obligatorio tener los pies sobre la tierra para una firma objetiva y justa del convenio. ¿Pudo cederse menos y lograr más? En teoría es posible; en la mesa de negociaciones el mundo es diferente. Para el Gobierno, factores como el empleo, ayudas presupuestarias, auxilios en obras comunitarias, movimiento económico positivo, presencia y continuidad de inversiones, tendrán siempre un peso muy grande al momento de tomar decisiones. Respetar la Constitución y el Estado de derecho, así lo demanda.

Esta obligación de cualquier Gobierno, de hacer patria garantizando la creación de empleos y de riqueza por sobre apetencias ideológicas y utópicas aspiraciones por muy populares que sean, acaricia la epidermis de la identidad nacional para apuntar a los órganos vitales de la sociedad llamada a gobernar. Debemos estar agradecidos porque vivimos en democracia, sistema que nos ofrece las herramientas apropiadas para expresarnos, confrontar ideas, proponer en paz y con posibilidades de triunfo. Estamos en libertad de usarlas o no, pero desconocer esta realidad sosteniendo que aceptar como “lo mejor posible” el contrato minero es un acto “vendepatria”, es pérdida de tiempo y no conduce a “puerto seguro”.

El capital extranjero no acude a ningún lado inspirado en el “amor al prójimo”. Ahuyentarlo es más fácil para quienes están afuera que para quienes gobiernan. No es para justificarlo, sino para seguir hacia adelante, pensando en el país, en su desarrollo por etapas. El actual contrato minero es un gran paso hacia la recuperación y fortaleza económica de Panamá. Detener el desarrollo minero en el istmo después de la arrolladora pandemia, resulta una conducta criminal, un homicidio culposo sino deliberado.