La inmoralidad de una imposición

Q uizás sea lo último que escriba al respecto, pero es necesario el balance de los hechos, la denuncia de una inmoralidad. En un proceso electoral democrático, con el que se escogieron a los actuales gobernantes, fueron igualmente elegidos los diputados al Parlamento Centroamericano. Es harto conocido que se trata de un foro político regional, que funciona con base a un Tratado Constitutivo firmado y ratificado por Panamá y cuyo retiro unilateral no es posible por tratarse, como meta, de una asociación comunitaria.

Es conocido, además, que el no acatamiento a las regulaciones del Código Electoral (por aquello de cómo se administra el colectivo político) explica el porqué la representación de Cambio Democrático quedó excluida del proceso electoral y, por tanto, del organismo parlamentario. La reacción del ‘dueño’ fue anunciar el retiro de Panamá del Parlacen. Pero la razón, al igual que la lucha decidida del mismo parlamento sumado el tratamiento legal dado por la Corte Centroamericana de Justicia, se impuso en todo momento a la equivocada política exterior sobre Centroamérica.

Lo del PARLACEN debe anotarse como entre las primeras acciones del desquicio autoritario. Al no flaquear lo diputados, se dio inicio a los vejamenes; se les demandó penalmente; cerraron las oficinas, destruyendo los bienes propiedad del Parlacen. Amenazaron con encarcelamiento; se impidió, con el uso de la fuerza, que el presidente del parlamento y el secretario, los panameños Dorindo Cortez y Román Sandoval, participaran de la Unión Interparlamentaria Mundial reunida en Panamá. Se retuvo el pago de las cuotas y se obstaculizó todo accionar a los diputados en el ejercicio de su trabajo. Todo esto, sin embargo, no disminuyó el espíritu de responsabilidad y la firme decisión de mantener con dignidad la representación.

La promulgación de la Ley ‘de retorno’, el 7 de febrero, es el resultado, no una dádiva, de la lucha sin cuartel. No ‘retornamos al Parlacen’, se ratifica más bien que siempre fuimos parte. Pero el conflicto no ha llegado a fin. Ahora, con igual autoritarismo e inmoralidad, se pretende imponer un nuevo listado, excluyendo a tres diputados del PRDe incluir a siete de Cambio Democrático, quienes, como bien sabe el tribunal, no fueron parte del proceso electoral. Pero, que además hay fallo del organismo jurisdiccional, que es la competente en esta materia, que le retorna los derechos a los diputados (Succari, Pérez, Bermúdez) que eran los afectados por el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (esta había mandatado al Tribunal Electoral el nuevo listado).

Pretender excluir a diputados que han venido actuando a lo largo de estos cuatro años no es legal ni moral, concurrente con una fragrante violación de la normativa jurídica de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), como al acto de juramentación de los diputados del PRD realizado por el Parlacen.

El carácter vinculante y la eficacia de las decisiones de la CCJ están señalada en el artículo 3 que establece: ‘La Corte tendrá competencia y jurisdicción propias, con potestad para juzgar y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes, para todos los Estados, órganos y organizaciones que forman parte o participan en el ‘Sistema de la Integración Centroamericana’, y para sujetos de derecho privado.’.

Cualquier decisión, entonces, que no sea la de respetar las instancias jurisdiccionales estaría reproduciendo el nefasto accionar del gobierno de desconocer la autonomía del sistema de la integración. Un golpe más, secuela de errática y desorientada política exterior desarrollada por la administración del presidente del ‘cambio’ .

EXPRESIDENTE DEL PARLACEN.