Inercia y corrupción: fórmula de fracaso

La corrupción es, sin duda, uno de los fenómenos que más polémica genera actualmente en la sociedad internacional. Es un mal que aflige a todos los Estados. No discrimina país, clase social, raza o religión.

Las investigaciones del Ministerio Público sobre utilización de fondos públicos en gastos políticos y de campaña electoral, dejaron en evidencia la amplia corrupción institucionalizada del Gobierno anterior. La administración actual inició con solidas denuncias de los actos corruptos, pesquisas administrativas, y exigencias de rendimiento de cuentas y sanciones para los exfuncionarios involucrados. También se comprometió con la transparencia y la recuperación de la institucionalidad democrática del país. Los panameños empezamos a respirar y a avanzar con una tranquilidad poco sentida durante los cinco años precedentes.

En Panamá siempre hemos tenido la percepción de que vivimos en una sociedad donde la corrupción es tolerada como un mal irremediable, llegando al extremo de considerar la política como sinónimo de corrupción; presente en políticos, en los partidos y en las administraciones del Estado. De hecho que es perfectamente tolerable para una mayoría de los ciudadanos. No obstante, la corrupción es un flagelo moralmente inaceptable, que distorsiona la gestión económica, aumenta los costos de los programas y reduce el crecimiento real de la economía. Por ello, todos esperábamos que los implicados en los sonados casos de corrupción del Gobierno anterior recibieran las sanciones ejemplares correspondientes a sus grados de participación y responsabilidad.

En los últimos meses en Panamá se han dado, nuevamente, acontecimientos y escándalos de corrupción que han sacudido a nuestro país y que abarcan a los tres Órganos del Estado. Sumado a ello, existe la percepción, casi generalizada, de lentitud en la ejecución de inversiones, proyectos y programas por parte del Gobierno, especialmente en aquellos ministerios e instituciones que tienen que ver con los servicios básicos, mismos que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es, quizá, lo más preocupante por parte de la población. Las promesas de campaña que se centraron en estos elementos, como punta de lanza de la misma, tal vez son los que menos se han cumplido, pero a la vez son lo que los panameños anhelan que se cumplan de manera más expedita.

Prueba de ello es la recurrente situación, año tras año, del evidente deterioro sin arreglo de los centros escolares en todo el país; de las malas condiciones de los hospitales y centros de salud; de la falta de insumos y medicamentos que permitan a los ciudadanos recibir una atención digna y adecuada. La crisis del agua agravada por el fenómeno de El Niño, que agudiza la ya caótica falta del recurso en la mayoría de las poblaciones del territorio nacional, es solo una muestra de la inercia en la ejecución de planes de prevención a tiempo, que permitieran paliar los efectos devastadores que se sienten, implacablemente, en regiones como Azuero.

El mayor caldo de cultivo de las crisis sociales en Latinoamérica ha sido, precisamente, la carencia de servicios públicos fundamentales para vivir con dignidad y decencia. No podemos hablar de desarrollo económico cuando se carece de agua potable 24/7, salud, escuelas dignas, alimentos y medicamentos a costos asequibles para todos. No se trata de falta de recursos financieros, sino de voluntad política que les corresponde como administradores del Estado. Se puede trabajar de manera eficiente y eficaz, sin que ello implique sobrecostos o pago de coimas para la ejecución de obras presupuestadas. Las constantes denuncias y evidencias, de las cuales dan cuenta los medios de comunicación social sobre actos de corrupción, obligan a combatirlos firmemente hasta eventualmente eliminarlos.

La corrupción causa descomposición de las bases sociales de solidaridad, credibilidad y legitimidad que sustentan el respeto a las leyes y al sistema democrático. El pueblo la percibe como una burla a sus necesidades y a los graves problemas sociales. Ello se facilita debido a la impunidad con que actúan los que la promueven y benefician. Así, se pierde la fe en que la Democracia les resuelva sus problemas de pobreza, educación, salud y seguridad.

La inercia es el detonante para la explosión social, cuando la gente sabe que hay soluciones y recursos, pero que no les llegan por causa de la corrupción. La promoción de la transparencia y la prevención de la corrupción solo pueden ser efectivas cuando resultan de la aplicación de los principios de eficiencia, probidad, transparencia y la obligación de rendir cuentas por las autoridades. La confianza en nuestras instituciones públicas depende de ello.

ABOGADO