Injusta justicia que merodeó los plurinominales

La decisión del Tribunal Electoral al interpretar la Ley Electoral para resolver las candidaturas de varios circuitos plurinominales, constituye una salomónica solución al oxímoron enunciado; de lo contrario, hubiese repugnado al sentido de equidad que debe reflejar nuestro sistema electoral.

Haber dejado de reconocer el triunfo de un candidato que compitió con lealtad, debido a acciones de un abusivo competidor o al apoyo desvergonzado del Gobierno a ese candidato rival, habría golpeado la conciencia de todo ciudadano, independientemente de preferencias políticas.

Se hizo justicia, pero aún persisten las condiciones que lo habrían propiciado. Posiblemente requiera una enmienda constitucional.

El problema surge en los circuitos plurinominales. Solo 13 de los 39 circuitos electorales en que se divide el país eligen más de un diputado; van desde 237 360 electores el más poblado a 57 711 el menos populoso. Para impedir el crecimiento permanente del Órgano Legislativo la reforma constitucional del 2004, en la que participé, limitó a 71 el total de curules; dos años después aprobamos configurar los circuitos electorales propuestos por el Tribunal Electoral. Con dos excepciones, se agruparon los distritos según ‘la proximidad territorial, concentración de la población, lazos de vecindad, vías de comunicación y factores históricos y culturales’, según la propia Constitución.

En este contexto, un ingrediente que ha preocupado a la clase política es una efectiva representación de las minorías que impida el dominio absoluto de una mayoría sobre grupos minoritarios que merecen participar activamente, en proporción al voto recibido, en las decisiones que los afecten.

Esa representación efectiva no se logra en los circuitos uninominales, porque allí se otorga el poder a quienes reciban la mayoría de votos; se logra, en cambio, en los circuitos plurinominales, mediante la distribución de cocientes, medio cocientes y residuos, fórmulas que otorgan curules no solo a las mayorías, sino también a minorías que califiquen.

A la luz de estas consideraciones, se podría concluir que la justificación para mantener el sistema de circuitos plurinominales es brindar la oportunidad de participación a las minorías políticas; de lo contrario se podrían distribuir todos los electores en sendos circuitos uninominales que los cobijaran igualmente.

Pero el sistema actual puede tener secuelas imprevistas, como las acaecidas en los circuitos de Santiago y David, entre otros. Si la ayuda masiva oficialista a un candidato oficialista lleva a anular el proceso electoral realizado, sin culpa ni participación de los demás candidatos, resulta manifiestamente injusto obligar al candidato honesto a dedicar nuevamente tiempo y recursos a una nueva campaña electoral, además de ser un menosprecio a los votantes que ya le dieron su voto.

Cierto que todos los electores del circuito tendrían oportunidad de ejercer el voto nuevamente si así lo desean; pero esa redundante solución es un derecho que el votante está en libertad de ejercer, en contraste con la obligación a que sería sometido el candidato honesto, forzado por la culpa del deshonesto.

El circuito plurinominal tiene su virtud como instrumento para posibilitar la voz de las minorías, pero también puede acarrear anomalías como la que estuvo a punto de suceder en Santiago y David. Ninguna democracia es perfecta; quizás resultaría preferible tratar de encontrar una solución menos imperfecta, que aspirar al espejismo de un sistema perfecto prácticamente inalcanzable.

¿Continuamos con el sistema de los circuitos plurinominales con el propósito de reconocer espacios efectivos a las minorías en nuestro sistema democrático, aún cuando signifiquen complicar el sistema? ¿O simplificamos el sistema, aún al precio de limitar la voz de las minorías? Lo ocurrido en Santiago y David no hubiese sucedido en circuitos uninominales. Es tarea pendiente al proponer una nueva constitución.

EXDIPUTADA