La institucionalidad de la CSS

Para ubicarnos dentro del contexto de la Caja de Seguro Social (CSS), diríamos que es un sistema de integridad que asegure los intereses de los asegurados, aplicando normas, principios y reglas que se ajusten a una política pública de la seguridad social.

La institucionalidad es el resultado de los valores culturales de una organización que haya crecido y madurado, para que pueda gestar sus propias soluciones en funciones que deba cumplir.

Para analizar estos temas, la administración pública comparada nos señala que debemos utilizar un marco referencial que nos permita hacer comparaciones, porque los legalistas nos podrán decir que lo que se está haciendo está dentro de la Ley y el director de la CSS, de igual forma, nos dirá que está facultado para nombrar y remover al personal, que no tendría ninguna objeción, si lo hiciese para fortalecer la institucionalidad.

En fechas reciente, se dijo que las decisiones para resolver el tema del Seguro Social se posponen porque, a estas alturas, no existe el capital político para llevar adelante el tema, y que sería la próxima administración la que deba ocuparse de solucionarlo.

En Costa Rica, el pasado 14 de diciembre, se aprobaron tres ajustes para el fortalecimiento y sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, luego de que la Junta Directiva los sometiese a una consulta pública, donde se incorporaron las sugerencias de la sociedad costarricense. Esto se hace en la postrimería de una administración, ya que el próximo mes de febrero escogerán un nuevo presidente.

Esto nos indica la separación de los temas de la política, de la seguridad social y que se tiene una visión de estadista, pensando en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. En estos ajustes se les aumentaron los ingresos a todos los pensionados, que ascienden a la suma de 318 615, lo que supera a los que tenemos en Panamá, bajo un principio de solidaridad, de transferir recursos a los que menos tienen.

En Panamá, hemos visto toda la parafernalia que se ha dado en la discusión de este tema, publicidad por todos los medios, convocatorias, diferencias conceptuales, expresiones coloquiales de buenas intenciones, pero, al final, nos hemos quedado en nada por falta de institucionalidad.

Es a la Junta Directiva a la que le correspondía presentar una propuesta, porque se asume que es una institución autónoma que debe tener la capacidad de generar sus respuestas para los problemas que debe resolver; pero, esto no podrá ocurrir, porque no existen los valores culturales para presentar una solución a este tema y a lo interno de la institución, no hay madurez organizacional, por los constantes cambios que se dan en los equipos directivos.

Para poner en perspectiva el tema de la institucionalidad, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) surge de la Junta Directiva, y es quien preside la institución y a su vez la Junta Directica. Los miembros de la Junta Directiva deben tener un perfil similar al presidente ejecutivo, de igual forma los gerentes, que en nuestro caso son los directores ejecutivos, estos son nombrados por concurso por un periodo de seis años y solo pueden ser removidos si existen causales para su despido. El último director ejecutivo nombrado en la Dirección de Infraestructura y Servicio de Apoyo, se dio hace menos de un año, luego de haber estado en esta administración, 5 directores en ese cargo, mientras que en Costa Rica, en ese mismo cargo se nombra por concurso a un profesional con 23 años de experiencia en la institución.

Para concluir, un ejemplo vale más que mil palabras. Hace tiempo solicitamos el perfil de los directores ejecutivos de la institución, la persona que me atendió diligentemente me contestó que me atendería. Algo ocurrió en el camino, porque no recibí la respuesta. Le reitero la solicitud por escrito, como presidente de la Fundación el Árbol del Libro, y me llamó por teléfono para decirme que no me había contestado porque nadie me conoce la institución. Luego me dijo que esa información estaba en la página web y por último me comenta que debía enviarle una nota al director general. Le dije que, si era competencia del director general ese tema, lo correcto sería que consiguiera la autorización del director para contestar. Imaginemos que los asegurados tuviesen que enviarle una nota al director general porque no hay medicamentos, esto le ocuparía gran parte de su tiempo, y le estamos solicitando algo que debe ser información pública. Saque sus conclusiones.