¿Somos esencialmente intolerantes?

La promulgación de un decreto relacionado con el impuesto de inmuebles y su suspensión, debido a las protestas públicas que originó de inmediato, pone de manifiesto la pregunta que formulamos en esta ocasión. ¿Es esta una muestra palpable de que los panameños somos intransigentes? ¿Es la intransigencia un valor o un antivalor?

Se define la intransigencia como la capacidad de una persona de no poder soportar opiniones distintas a las suyas y sería sinónimo de terquedad, obstinación, testarudez o intolerancia que se aplica en temas políticos, religiosos, culturales, sexuales, raciales, por mencionar algunos que vemos afectados. La incapacidad de poder soportar opiniones distintas imposibilita el diálogo entre las partes, pues cualquier intento no deja de ser un monólogo entre ellas que impide llegar a acuerdos o consensos que son tan importantes para fomentar la convivencia pacífica en sociedad.

Aunque muchos valoramos ciertos principios muy básicos que jamás podríamos llegar a transar, existen ciertas intransigencias injustas que a menudo mostramos en nuestro diario vivir y que son antivalores. Son relaciones de convivencia entre personas, de nuestras preferencias políticas, del machismo o del feminismo, de inclinaciones sexuales y, en menor grado entre nosotros, del racismo y del fanatismo religioso. Sería ideal que pudiésemos construir un país donde todas las personas, por el mero hecho de nuestra humanidad, nos tratáramos por igual y donde todas las opiniones fueran recibidas por gobernantes, gobernados, empresarios, políticos, religiosos etcétera con el respeto que merece quien ha sido dotado de un intelecto capaz de discernir. Pero ciertamente no disfrutaremos de esa situación ideal mientras no cambiemos una actitud que, desde el hogar y la escuela, nos permita mejorar nuestras relaciones interpersonales.

En el plano nacional, muchos somos generalmente intransigentes con cualquier Gobierno de turno, mientras que, por su lado, esos mismos Gobiernos tienden a desoír aspiraciones de la sociedad civil que no encajen en sus planes oficiales. Por lo general, los grupos en el poder tienden a mostrarse intransigentes y le restan mérito a cuestionamientos de la opinión pública sin discriminar entre los bien intencionados que persiguen el bien común y aquellas que pudieran nacer de ambiciones políticas recónditas de otros grupos con agendas muy propias. De otro lado, las medidas positivas que podrían beneficiar a la mayoría o a quienes más las necesitan y que, por ello, deberían ser ampliamente respaldadas, son en cambio atacadas con una especie de miopía política de grupos de interés que ignoran el beneficio colectivo.

De igual forma somos intolerantes en muchos aspectos de la vida particular. A diario lo vivimos en el problema de los tranques en las calles con la competencia permanente de conductores particulares o comerciales que se pelean por el derecho a la vía. Lo vemos cuando funcionarios encargados de servir a personas de la tercera edad que reclaman sus prestaciones sociales son tratados con muestras de intolerancia que desconocen el respeto que ellos merecen.

De otro lado, que una persona o grupo de personas manifiesten opiniones adversas al Gobierno no significa que se pretenda asumir funciones impropias ni cogobernar como anteriormente se quiso interpretar. Como cuestión de principio, cultura y civismo, la ciudadanía confiere el derecho a opinar en todos los aspectos de la vida nacional, sin que nos veamos enfrentados a reacciones intransigentes ni con sabor a desquite.

Aplaudo el ambiente positivo que vivimos hoy y la reacción nada intransigente del Gobierno que suspendió los efectos del decreto que tanto escozor levantó. Pero nos hace falta que el hogar y la escuela asuman su responsabilidad para la formación de una generación de ciudadanos tolerantes, pero firmes en sus principios irrenunciables.

EXDIPUTADA