Compromiso por la justicia

El tema de la administración de justicia siempre ha estado en la palestra pública desde los comienzos de la República, en primera instancia por el gran precursor de la abogacía en Panamá, el Dr. Carlos A. Mendoza, quien en unión de los próceres y los panameños que propugnaban por un nuevo y moderno Estado, lucharon incansablemente para instituir una administración que verdaderamente trabajara por la equidad y los principios democráticos en el tratamiento de este fundamento en la vida de una nación.

En la medida en que el tiempo transcurría y la nueva República iba fortaleciendo sus entes administrativos, también los diferentes responsables de la administración de justicia laboraron para mantener la estructura acorde con los momentos que se vivían. Pero hemos llegado al Siglo XXI, el que se caracteriza, principalmente, por los desafíos que impone la tecnología, sobre todo en lo que concierne a la velocidad con que surgen los conocimientos, la rapidez de las comunicaciones y, sobre todo, la actualización de la información, especialmente a través de la Internet, la que ha eliminado las tradicionales fronteras entre pueblos.

Panamá no está exento de este fenómeno, de allí que todas las acciones que se encaminen por el sendero del fortalecimiento de la administración de justicia son imprescindibles y de suma importancia. Una seguridad jurídica es básica para la mejor convivencia entre todos los que aquí habitamos, el desarrollo económico y social, la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, en fin, es uno de los fundamentos que caracterizan a las democracias modernas.

De lo que hagamos todos los que conformamos el Estado panameño por favorecer el desarrollo de esa justicia, surgirá la confianza de propios y extraños y podremos enviar un mensaje positivo y unificado al resto de la comunidad internacional, porque formamos parte de un gran conglomerado que cada día se comunica por intermedio de los sistemas que nos ofrece la tecnología, y eso significa que no podremos narrarles cuentos a los demás, por el contrario, somos responsables del fortalecimiento y la protección de la justicia. Desde nuestra visión de primer Órgano del Estado, el Legislativo, y sobre la base que nos otorga la Constitución, de trabajar en armónica colaboración con los otros Órganos, estamos comprometidos con el desarrollo del Judicial, tal y como lo determina el moderno estado de derecho, y con respeto de las diferencias de las funciones.

Hoy más que nunca estamos conscientes de contribuir y apoyar las acciones que se enrumben hacia el fortalecimiento de la justicia, ya que la delincuencia en sus múltiples manifestaciones, se dedica a crear mecanismos para penetrar a cualquier costo los sistemas judiciales de los países, a pesar de toda la mística y compromiso que puedan tener los administradores de justicia en sus diferentes estamentos. Aparte, en algunos casos, la propia estructura jurídica no ha permitido darle alcance a los delincuentes, lo que puede causar desilusión entre el resto de la ciudadanía, y ese es un aspecto en el que a través del Órgano Legislativo podríamos coadyuvar con legislaciones modernas para contrarrestar esas influencias nocivas.