Falencias de la justicia

Las falencias de la justicia en Panamá vuelven a tomar relieve, y parece expresar la lucha política que subyace en un entramado que podría estar atentando contra la democracia misma.

Mientras que una causa de lavado de dinero es saldada con una pena de trabajo comunitario de un día a la semana en una junta comunal, quedan evidencia en otra, métodos ilegales en una investigación de tres años y cuatro meses.

¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué y cómo se justifica que, mientras que un caso que como el de lavado de dinero severamente perseguido en el país y en el campo internacional se aplique una pena como la señalada, en el otro, sin pruebas y construidos mediante métodos reprobados por las propias leyes panameñas, se haya afectado la reputación y la perspectiva política de algunos de los señalados?

¿Qué mensaje se le envía a la pulcra comunidad internacional, tan comprometida como está en la lucha contra las drogas y el lavado de dinero?

Resulta curioso, extraño y hasta inexplicable que, por un empresario señalado sin pruebas en una lista extranjera, las autoridades panameñas se negaran a meter la mano, mientras que por un caso probado de lavado de dinero se beneficie al implicado.

¿Por qué la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas, son juzgadas como delictivas en un caso, y aplicadas sin mayores consideraciones en otras?

Podría entenderse la asimetría si hubiesen provenido de administraciones distintas, pero en ambas situaciones se originan en la misma dirección, en el mismo periodo y con la misma procuradora.

Podría pensarse, y sin mayores dudas, que el Ministerio Público ha sido por cierto tiempo herramienta de una tendencia política, destinada a proteger a elementos vinculados a facciones de poder y a defenestrar a sus adversarios.

Los hechos coinciden con el momento en que están por renovarse tres magistraturas en la Corte Suprema, excelente escenario para devolver a la sociedad cierta credibilidad en instituciones de la justicia.