Juventud comprometida con el ecosistema

Durante este último mes (octubre), hemos vivido una serie de protestas, paros, cierres de calles y enfrentamiento con la policía, producto de un gran acumulado de controversias económicas y sociales que diezman el quehacer diario del panameño. Es incuestionable la disminución del poder adquisitivo del panameño, producto del alza de los precios de la canasta básica, de los alimentos, medicamentos de salud, aumento de los servicios públicos (agua, luz, teléfono y basura); aunado al galopante desempleo y la inseguridad en los barrios (balaceras entre pandillas). Aunado al flagelo de la corrupción y la coima, latente en el desgaste político de los partidos políticos y las empresas privadas nacionales e internacionales.

Este amargo convivir, que lleva años de crecer y crecer en contra de la vida y los bolsillos de los panameños, detonó con el contrato minero, exigiéndose la derogación del contrato con Minera Panamá S.A., y todas las demás empresas que quieran extraer mineral metálico en Panamá.

Esta protesta desarrolló nuevas características, siendo inicialmente liderizada por el Suntracs, profesores y originarios, que poco a poco fueron sumando médicos, transportistas, enfermeras, etc., el clamor popular encontró en la juventud el bastión significativo de la protesta, quien con su herramienta “Sal de las redes”, convoca y llena calle 50 y la Cinta Costera con más de 60,000 jóvenes, quienes con la tricolor en mano, pancartas aduciendo “No al contrato minero”, realizan, día a día, manifestaciones pacíficas y alegres. Centrando la lucha en la protección del ecosistema y la biodiversidad, fuertemente dañada por la minería a cielo abierto.

Todo Panamá, pendiente en que la CSJ determine la derogatoria de la Ley 406, suscrito entre el Estado panameño y Minera Panamá S.A., subsidiaria de la multinacional First Quantum Minerals, y que se nombre un apoderado judicial que administre la mina. Es el momento de que el movimiento popular actúe con prudencia e inteligencia, con el objetivo de sobrepasar las campañas mediáticas de desacredito y odio que nos lleven al enfrentamiento de pueblo contra pueblo.

Así mismo, denunciamos la vil muerte de tres docentes que solo protestaban contra el contrato minero, se trata del docente Tomás Cedeño, quien murió atropellado en Horconcito-Chiriquí y los docentes Iván Mendoza y Abdiel Díaz, asesinados a tiros en la vía interamericana, en Chame.

Las protestas actuales pueden comprenderse como producto de una serie de factores institucionales, sociales y económicos acumulados que fueron agravados por el covid-19 y que no fueron atendidos oportunamente por el Estado. Siempre hubo protestas de menor magnitud que la actual, donde se expresaban los reclamos de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con el agua, alimentación, salud, trabajo, educación, desigualdad social y corrupción.

En este tiempo histórico post invasión, a pesar de un dinámico crecimiento económico, se amplió y exacerbó la brecha de desigualdad social, dado que la distribución de las riquezas no se distribuyó equitativamente, por el contrario, la acumulación de capital está en manos de pocos en detrimento de las grandes mayorías de la población panameña que sobrevive inmerso en la pobreza. Con la protesta del contrato minero, las condiciones subjetivas y objetivas del conflicto histórico socioeconómico coincidieron en nuestra realidad, encontrando en la juventud un primer punto de relevancia para reivindicar las notables secuelas de una desigualdad latente y peligrosa. Esto indica que aun declarando inconstitucional el contrato minero por la CSJ quedan por resolver todas las demás y prioritarias secuelas de la desigualdad socioeconómica, vapuleando el nivel político, a puertas de un nuevo proceso electoral. Es posible que, sin destruir la institucionalidad, dentro del actual modelo económico nacional, se centre la lucha en construir un nuevo acuerdo social, relevando las pancartas de las protestas, abduciendo una equitativa repartición de las riquezas. Al coincidir las condiciones subjetivas con las objetivas, hace posible que el colectivo nacional empuje nuestro devenir político hacia un modelo ecosocial que permita mejores niveles de bienestar social para todos.

Al final, las protestas reclamarán un nuevo contrato social para Panamá, donde se distribuya equitativamente las riquezas, que nos lleve a un equitativo desarrollo económico que garantice un mejor bienestar social para todos, siempre arropados en nuestra bandera y cantando el himno nacional, siempre reclamando nuestra soberanía para un Panamá equitativo, participativo, incluyente y democrático.