La agenda de transición energética de Panamá, una palanca para el desarrollo sostenible

En estos días en que el mundo se reúne en la COP 30 en Brasil para reanimar (algunos dirían que resucitar) las iniciativas contra el cambio climático, diezmadas por los devastadores golpes provenientes de Washington D.C. en los últimos meses, Panamá podría no solo fortalecer su posición en el mapa energético internacional, sino también de paso redefinir su modelo de desarrollo.

La Agenda de Transición Energética 2020-2030 (ATE), que este 24 de noviembre cumple 5 años de haber sido aprobada, no solo representa una hoja de ruta para descarbonizar la matriz energética, digitalizar y democratizar el acceso y uso de la energía, sino también una oportunidad para construir una política de Estado que consolide nuestro desarrollo sostenible.

En un país que usualmente sufre la falta de planificación estratégica e improvisación en la gestión pública al vaivén de los ciclos electorales, la Agenda de Transición Energética (ATE), integrada por 266 líneas de acción, 69 objetivos y 37 metas concretas, organizadas en ocho estrategias, destaca por su fortaleza de fondo y forma, quedando claro que no está compuesta por propuestas aisladas para instalar más paneles solares o promover vehículos eléctricos, sino que propone transformar profundamente nuestro sistema energético.

La ATE es un instrumento de impacto para la sostenibilidad ambiental, inclusión social, innovación tecnológica, inversión y crecimiento económico, reconocida en todo el mundo y que además ha servido de referencia para otros países. No es casualidad que semanas atrás, el BID luego de 2 años de evaluación continua, publicara un análisis de costo beneficio de la ATE panameña cuya conclusión contundente es: “Estas estrategias no solo permiten reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también generan beneficios económicos, sociales y ambientales” Esta no es una opinión, son datos puros y duros de expertos internacionales.

Como muestra patente de este impacto, durante los años 2023 y 2024 las multilaterales aprobaron casi 600 millones de dólares (BID 150 millones, CAF 200 millones y BCIE 240 millones) a Panamá para su impulso, lo que deja muy claro que el resultado no solo fue un buen plan en un papel, sino que, por su robustez técnica y metodológica, se tradujo en millonarios recursos para el país movilizados en corto plazo.

Además, esta agenda no partió de cero, sino que es la continuación técnica del Plan Energético Nacional con visión al año 2050 (PEN) aprobado en 2016. La actual Agenda de Transición Energética, al constituir el plan de acción de la primera fase de esa visión, recoge esa línea base previa, concretando acciones y ampliando su alcance. El ejemplo más palpable de esa continuidad durante 2 períodos gubernamentales es que una de las líneas de acción de la ATE precisamente es actualizar en 2026 el PEN luego de 10 años de vigencia.

Hasta junio de 2024, se logró un avance estimado de un 40 % en la implementación de la agenda, fruto de la voluntad política y capacidad técnica. Uno de los aspectos más destacables del proceso panameño ha sido su enfoque participativo, no siendo solo resultado del esfuerzo y compromiso de funcionarios y técnicos de Gobierno, sino también de consultas públicas, talleres multisectoriales, participación de comunidades, autoridades locales, universidades, empresas, sociedad civil y organismos internacionales, contabilizando más de 15 mil horas/persona de aportes de diversos actores relevantes.

La participación ciudadana no debe limitarse a la etapa de diseño. Debe institucionalizarse como parte de su implementación permanente. La ciudadanía tiene derecho a saber y participar activamente del proceso, para lo cual se creó el Consejo Nacional de Transición Energética (CONTE) y las comisiones de trabajo de cada una de las Estrategias Nacionales.

Sin un enfoque inclusivo, encerrado en oficias refrigeradas, corremos el riesgo de que la transición energética se perciba como un proyecto de élites políticas, técnicas y financieras, desconectado de las necesidades reales de las personas, especialmente en territorios rurales o sectores excluidos históricamente como las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. Para que la transición sea justa, debe construirse desde abajo hacia arriba, garantizando que nadie quede atrás.

Como toda gran reforma estructural, la transición energética enfrenta riesgos considerables. Uno de sus grandes resultados a efectos de superar estos desafíos, fue que luego de establecer las bases de política pública estratégica para los próximos años, se elaboró con apoyo internacional y participación local, un proyecto de ley que recogiera dichos objetivos y metas, mismo que esperamos sirva de insumo inicial para una próxima reforma a la legislación energética.

Sin embargo, el riesgo más grande sería no hacer nada, o hacer poco desviándose de su propósito. La transición energética no es un lujo, ni una necesidad, es un diferenciador potente que moviliza recursos, crea empleos y produce desarrollo social.

El éxito de la transición energética panameña, dependerá, sobre todo, de que las autoridades corrijan el rumbo y cambien el libreto tradicional de demeritar o ignorar el trabajo desarrollado previamente y convertir esta agenda en una política de Estado sostenida en el tiempo y que, al ser construida, ejecutada y mejorada continuamente junto a la ciudadanía, quede blindada de intereses particulares o de un solo gobierno.

Están a tiempo de darle la importancia al trabajo colectivo realizado. Si lo hacen, recibirán el apoyo inmediato tanto a nivel local como internacional y con visión de futuro y compromiso traerán desarrollo sostenible para todos.