Las acciones de la Contraloría se dan tras más de un mes de huelga en el sector docente que arrancó formalmente el pasado 23 de abril

Afirmaba Osvaldo Raffo que “los cadáveres siempre hablan” y, si nos ponemos orteguianos, las circunstancias que rodean su muerte también. Sobre esta máxima se construye la quinta esencia de las ciencias forenses; la mirada acuciosa hacia el pasado y lo que se esconde en él. Como el arqueólogo que excava en busca del origen de nuestro pasado, el forense emula el interés reconstructivo, a través de un lente angular que enfoca su análisis desde un amplio y específico ámbito de actuación cuyo encuadre se focaliza y limita al contexto adversarial que involucra a dos o más partes con intereses opuestos.
Se pregona a menudo que el crimen perfecto no existe. Del mismo modo que a Edgar Allan Poe se le atribuye la frase “el verdadero detective no resuelve crímenes, sino misterios”, me permito expresar que al forense no le corresponde determinar si alguien es culpable o inocente, su función es orientar y asesorar al tribunal en cuestiones propias de su ciencia. Este cambio de paradigma es fundamental, puesto que de lo contrario se corre el riesgo de caer en fundamentalismos científicos o en la arrogancia propia de quien ve la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio.
Días atrás, un prominente alienista no vaciló en sentenciar que la evaluación del estado mental de las personas era patrimonio exclusivo de su profesión, y de nadie más. Saltándose todo por delante, se desató en un río de afirmaciones incontenibles, lanzando ataques mordaces disfrazados de opinión, al mejor estilo dominguero. Anecdótico en sus planteamientos, no dejó espacio a la duda en su monólogo, pues saldó el debate por medio de un maniqueísmo radical en la práctica. Tal entronización de amargura carbonatada, me recordó un viejo refrán que reza “loca es la oveja que al lobo se confiesa”.
En la historia de las disciplinas científicas, hay momentos épicos que marcan el inicio de una nueva era; episodios canónicos que sacuden el canon de lo tradicional, desafiando lo que creíamos incuestionable. No fue hasta la década de los sesenta, cuando los tribunales de justicia norteamericanos autorizaron a los psicólogos para testificar sobre los trastornos mentales en causas penales, prerrogativa hasta entonces exclusiva de los psiquiatras. A raíz del caso Jenkins contra Estados Unidos, comenzaría todo un capítulo nuevo en la historia de la psicología y la ley, y que posteriormente abrió las puertas al desarrollo de la psicología forense.
En el juicio original, los abogados de Vicent E. Jenkins presentaron una defensa por insania, argumentando que este no era responsable de sus actos debido al padecimiento de un trastorno mental al momento de cometer el ilícito, y aportaron como prueba el testimonio de tres psicólogos clínicos, quienes testificaron que Jenkins sufría un trastorno esquizofrénico, y dos de ellos opinaron que su trastorno mental afectó su capacidad para comprender la ilicitud del acto criminal, fórmula que en la jerga penal se le conoce como inimputabilidad. Aun así, el tribunal de primera instancia ordenó al jurado desestimar la opinión de los psicólogos por carecer estos de formación médica. Apelada la sentencia, en 1962, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia revocó el fallo de primera instancia y ordenó un nuevo juicio, estableciéndose que algunos psicólogos tenían las competencias necesarias para rendir un dictamen sobre los trastornos mentales y su relación con el delito, y que tal como ocurre con una diversidad de profesionales no médicos que son llamados a participar como peritos en causas penales, la admisibilidad de su testimonio se podrá examinar a partir de su experiencia y el valor probatorio de su opinión como experto.
En aquel entonces, la Asociación Americana de Psicología (conocida por sus siglas en inglés, APA), principal organización profesional de psicólogos en Estados Unidos, en contraposición a los argumentos presentados por la Asociación Americana de Psiquiatría, presentó un escrito amicus curiae, donde sostuvo lo siguiente: 1. La psicología es una ciencia establecida. 2. La práctica de la psicología es una actividad profesional. 3. Un psicólogo clínico es competente para expresar opiniones profesionales sobre trastornos mentales y su relación causal con el comportamiento manifiesto. 4. La experiencia es el elemento legal esencial de la competencia para dar una opinión experta.
Transcurrido más de sesenta años desde el fallo y sus implicaciones legales, desafortunadamente hay quienes se empeñan en defender el dogma de la exclusión y no se conforman a menos que arrastren a los demás a su lucha de egos. Confieso que mi optimismo me empuja a creer lo contrario, que las pugnas entre profesiones afines son cosas de un pasado lejano, y que importa más el bien común que los beneficios particulares. En el campo forense, el trabajo interdisciplinario así lo demuestra, donde cada disciplina aporta su conocimiento y experiencia acumulada, jugando un rol complementario y no sustituyente, en aras del desarrollo de la ciencia y la justicia social. Más que aceptada, esta receta es ampliamente validada por los forenses, y son pocas las voces que pregonan cánticos enquistados y apartheistas que abogan por la segregación entre especialidades. Tal vez no estaba tan equivocado Santo Tomás de Aquino, no confundir con Villanueva, cuando afirmaba que “el alma se conoce por sus actos”, y no por otra cosa.