La asamblea no es una herencia: el escándalo de las planillas políticas

En Panamá, la política parece haber desarrollado una peligrosa costumbre, algunos llegan a considerar los recursos del Estado como una extensión de su poder personal. Las planillas legislativas, los nombramientos y el manejo de los fondos públicos se han convertido en uno de los mayores cuestionamientos ciudadanos hacia la Asamblea Nacional. Cuando un diputado pretende justificar una nómina extraordinaria apelando a sus décadas de permanencia en el Legislativo, la pregunta es inevitable, ¿desde cuándo los años en un cargo público otorgan el derecho a acumular funcionarios pagados con el dinero de todos los panameños?

Las cifras divulgadas sobre determinados despachos legislativos han evidenciado estructuras de personal que superan ampliamente cualquier lógica.

En uno de los casos reportados, la planilla de abril 2025, llegó a registrar 145 colaboradores, con un costo mensual de B/.261,255, según información publicada a partir de datos de la Contraloría General de la República. Esta cifra exige explicaciones, transparencia y una fiscalización rigurosa.

La Asamblea Nacional no es un negocio personal, ni un botín político, ni los nombramientos son un premio por longevidad política. La permanencia en el poder no puede convertirse en una justificación para ampliar estructuras administrativas sin límites claros ni resultados verificables.

El Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional establece las categorías del personal legislativo y contempla funcionarios de libre nombramiento y remoción, así como personal temporal. Sin embargo, no debe confundirse esa clasificación con una autorización para incrementar indefinidamente el número de colaboradores por cada año que un diputado permanezca en el cargo. Por ello, el debate debe ser claro, ¿cuáles son las funciones concretas de cada colaborador?, ¿dónde presta sus servicios?, ¿qué resultados produce?, ¿cómo se evalúa su desempeño? y ¿quién verifica que los recursos asignados cumplan una finalidad pública?

No basta con presentar una lista de nombres. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué trabajo realizan las personas que obtienen su salario del presupuesto nacional.

Hay otra pregunta que merece una respuesta pública, después de más de dos décadas de presencia en la Asamblea Nacional en el caso citado, ¿cuáles son los resultados concretos que justifican semejante estructura política y administrativa?

La trayectoria de un diputado no debe medirse únicamente por su capacidad para conservar una curul, mantener influencia dentro de su partido, reunirse con los nuevos actores o consolidar relaciones de poder. Debe medirse por las leyes que impulsa, las soluciones que aporta, la fiscalización que ejerce y las mejoras que consigue para la población. Mientras miles de familias panameñas enfrentan el alto costo de la vida, las dificultades para acceder a servicios públicos y la incertidumbre económica, resulta inaceptable que las estructuras de poder no puedan explicar de manera convincente cómo utilizan los recursos que reciben.

Panamá necesita una Asamblea Nacional que mida su desempeño por las leyes que mejoran la vida de la gente, la transparencia de sus actuaciones y su capacidad de fiscalizar al poder, comenzando por el suyo propio.

La experiencia política no se demuestra por la cantidad de personas que un diputado logra incorporar a una planilla, sino por los problemas del país que ha sido capaz de resolver. Una curul no es una herencia y la planilla no es un privilegio. Quien administra recursos públicos tiene la obligación de explicar cómo los utiliza y qué resultados produce. Esa no es una exigencia política. Es un deber frente al país y un derecho de todos los panameños.