La autonomía económica de las mujeres, también es libertad

Esta semana tuve la oportunidad de participar como ponente en un encuentro organizado por ParlAmericas y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA), dedicado a promover los derechos económicos de las mujeres en América Latina.

Compartí este espacio con diputadas de más de nueve países y, sobre todo, con mujeres comprometidas con una misma preocupación, cómo lograr que la igualdad deje de ser únicamente un principio escrito en nuestras leyes y se convierta en una realidad concreta en la vida de millones de mujeres. Me llevé profundas reflexiones sobre la realidad actual de las mujeres en nuestra región y confirmé algo que considero fundamental, hablar de los derechos económicos de las mujeres es hablar de justicia, de dignidad y, sobre todo, del futuro de nuestras sociedades.

En Panamá, como en toda América Latina, millones de mujeres enfrentan enormes desafíos para alcanzar su autonomía económica. Esta realidad tiene un rostro real y común, mujeres que no solamente trabaja para sostenerse a sí misma, sino que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de alimentar, educar y sacar adelante a sus hijos; que muchas veces también sostiene a sus padres, a sus hermanos y, en ocasiones, a toda su familia. Son mujeres que trabajan dentro y fuera de sus hogares. Mujeres que emprenden, que generan ingresos, que estudian, que sostienen hogares y que, aun así, continúan enfrentando desigualdades que limitan sus posibilidades de progreso.

Nuestra región sigue marcada por profundas brechas económicas. Muchas mujeres tienen mayores dificultades para acceder al empleo formal, enfrentan barreras para obtener financiamiento, reciben menores ingresos y se concentran, con demasiada frecuencia, en actividades laborales precarias e informales.

La experiencia de la pandemia nos dejó una lección contundente. Cuando las economías entran en crisis, las mujeres suelen pagar un precio desproporcionado. Los sectores donde tienen una importante presencia, como el comercio, el turismo, la manufactura y el trabajo doméstico, fueron particularmente golpeados, profundizando la informalidad, el desempleo y la vulnerabilidad económica.

Por eso, América Latina exige atención prioritaria y respuestas concretas. No bastan los discursos ni las declaraciones de buenas intenciones. Necesitamos políticas públicas que se traduzcan en oportunidades reales: sistemas de cuidado accesibles, acceso al crédito, capacitación tecnológica, empleo digno y condiciones que permitan a las mujeres desarrollar sus emprendimientos y participar plenamente en la economía.

Quiero señalarlo con absoluta claridad, no estamos reclamando privilegios. Estamos exigiendo igualdad y oportunidades. Nadie pidió ventajas por ser mujeres. Reclamamos que nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y nuestro talento tengan las mismas posibilidades de convertirse en bienestar y progreso.

Esta es una lucha que las mujeres hemos sostenido durante décadas. Hemos conquistado espacios, derribado barreras y contribuido decisivamente al avance de nuestras democracias y nuestras sociedades.

Desde Panamá debemos asumir este compromiso con responsabilidad y convicción. Los derechos económicos de las mujeres no pueden ser un asunto secundario de la agenda pública. Deben ocupar un lugar central en nuestras políticas de desarrollo. Porque cuando una mujer puede decidir sobre su propio futuro, no solamente cambia su historia. También cambia la historia de su familia, de su comunidad y de nuestro país.