La criminología como pilar estratégico en la seguridad de Panamá

Panamá atraviesa un momento decisivo en materia de seguridad ciudadana. El aumento sostenido de la violencia, el crimen organizado y la criminalidad juvenil y de las pandillas, exigen respuestas que vayan más allá de la reacción policial. En ese contexto, la criminología ciencia que estudia el delito, al delincuente y la reacción social ante la conducta antisocial emerge no como un lujo académico, sino como una herramienta indispensable para transformar la forma en que el Estado panameño previene, investiga y responde al fenómeno delictivo. La criminología aporta a la investigación criminal algo que un operativo policial no puede ofrecer por sí solo: comprensión profunda de las causas del delito. Mientras la policía actúa sobre hechos consumados, el criminólogo analiza los factores que los generan desintegración familiar, exclusión social, ausencia de oportunidades, entornos de riesgo y construye mapas de criminalidad que permiten anticipar dónde y cuándo es probable que ocurra un delito. En la práctica investigativa, el perfil criminológico contribuye a identificar patrones de conducta, móviles y características de presuntos responsables. Esto agiliza las investigaciones del Ministerio Público, reduce el margen de error en la imputación y fortalece la calidad de la evidencia presentada ante los tribunales. La criminología, en suma, convierte la investigación criminal en un proceso técnico y científico, alejado de la improvisación. En el año 2022 Panamá da paso importante en la seguridad ciudadana latinoamericana al establecer la política criminológica en la República de Panamá, como instrumento para el análisis, desarrollo, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos orientados a prevenir la conducta delictiva. Con la referida Ley se da un hito histórico la Ley 328 del 10 de octubre de 2022 establece una herramienta valiosa al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional y por primera vez, Panamá eleva la criminología al rango de política de Estado, dotándola de sostenibilidad institucional. La Ley creó el Consejo Nacional de Política Criminológica, integrado por los ministerios de Seguridad, Gobierno, Educación, Desarrollo Social, Economía y Finanzas, Salud, Cultura y Trabajo, junto al Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Pan Deporte y la Asociación de Gremios de la Profesión de Criminología y Victimología de Panamá sin incluir al Órgano Judicial y Ministerio Público como parte integral del Sistema Penal Acusatorio y la Cámara de Comercio o el CONEP como representantes de la sociedad civil que deben ser incorporados. Esta articulación interinstitucional reconoce algo fundamental: el delito no se combate solo con policías y cárceles, sino con educación, empleo, salud mental y cohesión comunitaria. Para que esta ley deje de ser un instrumento meramente declarativo y se traduzca en resultados concretos, cada institución debe asumir su rol con rigor. La Policía Nacional, tiene la capacidad de incorporar unidades especializadas de análisis criminológico que orienten sus operativos según datos y no intuiciones. El uso de mapas de calor delictiva, el análisis de reincidencia y la identificación de zonas de riesgo permiten desplegar recursos donde realmente se necesitan. El Ministerio de Seguridad Pública, debe implementar programas de prevención temprana, especialmente ante la realidad que ya advierten las propias autoridades: se ha observado un aumento alarmante en los delitos cometidos por adolescentes, donde involucra el uso de armas de fuego. Frente a esto, la respuesta criminológica efectiva no es solo el derecho punitivo o aumentar penas, como se ve a diario en la Asamblea Nacional sino intervenir los entornos que producen esa violencia. El Ministerio de Educación, a su vez, puede incorporar como eje transversal la educación en valores, resolución de conflictos y cultura de legalidad. El Ministerio de Desarrollo Social debe potenciar programas de reinserción para jóvenes en situación de riesgo. Y el sistema penitenciario debe asumir de una vez que la reclusión sin tratamiento criminológico es solo una fábrica de reincidentes. El objetivo declarado de la referida ley es sentar las bases para un abordaje más científico en la toma de decisiones relacionadas con la criminalidad y la protección efectiva de los ciudadanos, promoviendo la participación activa de la sociedad junto a las instituciones del Estado. Sin embargo, el mayor desafío no está en el texto de la ley, sino en su implementación efectiva. Panamá cuenta hoy con el marco legal, el respaldo académico del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y una red interinstitucional capaz de articular respuestas integrales. La criminología no es la solución mágica a la inseguridad, pero es la brújula científica que nos permite dejar de improvisar, evaluar los resultados de los planes y programas utilizados a la fecha y ejecutar la ley 328 del 10 de octubre de 2022. que es incluso un marco de referencia en los países de Latinoamérica en materia de política criminal.