La energía solar: entre trabas y oportunidades

La transición hacia energías renovables es una necesidad impostergable. Sin embargo, la reciente intención de imponer cargos adicionales a quienes instalan paneles solares resulta contradictoria y desalentadora. Este tipo de medidas, en lugar de estimular la adopción de tecnologías limpias, frenan al consumidor que busca alternativas frente al creciente costo de la electricidad.

Los defensores de este cargo argumentan que se busca “equilibrar” el uso de la red, pero lo cierto es que las distribuidoras ya gozan de beneficios y subsidios millonarios que terminan representando un despilfarro económico para el Estado. Mientras tanto, el precio de la energía sigue subiendo, y la única respuesta oficial es ampliar el subsidio eléctrico, que lejos de promover ahorro, perpetúa el derroche.

Resulta inconcebible que se ignore el beneficio que aporta a la red contar con pequeños generadores de autoconsumo: se extiende la vida útil de equipos de transformación, se reduce la carga en horarios críticos y se diversifica la matriz energética. Paradójicamente, grandes generadores con plantas de hasta 10MW no pagan cargos de transmisión y, en algunos casos, dividen proyectos mayores para evitar estos pagos. Ese vacío regulatorio no solo distorsiona el mercado, sino que perjudica al Estado, que deja de percibir ingresos justos.

En cambio, al usuario con paneles solares se le reconoce su aporte a la red a un precio muy inferior al real —alrededor de 5 centavos por KWh—, mientras que la energía consumida se le factura entre 18 y 24 centavos, más cargos adicionales. Este esquema injusto golpea directamente a las pequeñas empresas dedicadas a la venta e instalación de sistemas solares, limita las opciones de financiamiento y desincentiva el interés de los hogares en invertir en energías limpias.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el usuario final debe cargar con un costo que otros actores del mercado eléctrico evaden? Si el sistema es uno solo, todos los participantes deberían contribuir de manera equitativa, no únicamente el consumidor que apuesta por la sostenibilidad.

Lo que se necesita no es un cargo adicional, sino una revisión profunda del modelo energético. Los subsidios eléctricos deben replantearse: en lugar de inyectar millones de dólares, el Estado debería invertir en plantas renovables propias y aportar kilovatios-hora a cada usuario según su consumo. Una política auténtica de eficiencia y ahorro energético debería basarse en un principio simple pero contundente: quien más consume, menos recibe; quien más ahorra, más obtiene. Solo bajo esta lógica de incentivos y responsabilidades se podría construir un modelo justo y sostenible, capaz de fomentar hábitos responsables y de garantizar un uso racional de los recursos.

Además, corresponde a la ASEP cumplir con su misión: regular en favor del usuario. En lugar de blindar a las distribuidoras, debería obligarlas a mejorar la calidad del servicio y a expandir la cobertura en comunidades que aún carecen de electricidad. Promover el acceso universal y justo a la energía limpia debería ser prioridad.

La energía solar es un recurso abundante, gratuito y sostenible. Castigar a quienes apuestan por ella es un sinsentido que nos aleja de los compromisos ambientales y del futuro que necesitamos construir.

El camino debe ser claro: incentivar, no frenar; democratizar, no monopolizar.