El diputado Eduardo Gaitán, ha asumido una postura firme frente a lo que considera una “lección que no debe repetirse”.
- 27/02/2026 00:00
La justicia en Panamá y la permanencia de los funcionarios
Una de las características esenciales que debe existir en cualquier país que aspire a construir una sociedad justa y próspera, es un sistema de justicia eficiente e independiente. Un sistema que no responda a intereses particulares ni a presiones coyunturales, sino al interés superior del Estado y al más profundo sentido de imparcialidad.
Cuando la justicia deja de ser ciega y comienza a reconocer apellidos, influencias o cuentas bancarias, se rompe el pacto social y la naturaleza de la justicia per se. Los ciudadanos pierden confianza, la desigualdad se profundiza y el mensaje es devastador, no todos somos iguales ante la ley.
Panamá arrastra graves deficiencias en su sistema de justicia. El ciudadano común lo percibe a diario cuando observa cómo la corrupción parece transitar sin consecuencias, sin investigaciones contundentes, sin responsables claros y, muchas veces, con protagonistas que recuperan su libertad, con solo devolver una pequeña cuota del dinero del pueblo, mientras la indignación pública permanece intacta.
La desconfianza no surge del vacío; nace de la repetición de estos hechos. Cada vez que un caso involucra apellidos conocidos o figuras cercanas al poder, la duda se instala y cuando los procesos se dilatan, se archivan o se diluyen en tecnicismos, la sospecha de impunidad deja de ser una percepción para convertirse en una realidad irrefutable. Una justicia que no logra eliminar en su totalidad esa sombra deteriora la legitimidad del Estado y debilita el pacto social. La justicia, no puede ser complaciente ni selectiva, debe ser firme, imparcial y aplicada sin excepciones, porque solo así se construye un Estado robusto. En el que la ley esté por encima de cualquier interés y combate a la corrupción con tolerancia cero.
¿Cuántas veces no hemos escuchado que “al hijo de la cocinera” sí le cae todo el peso de la ley? Esa frase, repetida permanentemente en nuestro pueblo, no es un simple dicho popular, es el reflejo de una percepción arraigada en nuestra sociedad.
Una expresión que no solo denuncia una desigualdad jurídica; revela una fractura social. Cuando el pueblo siente que la ley es implacable con los débiles y flexible con los poderosos, lo que está en juego no es un caso aislado, sino la credibilidad misma del sistema. Días atrás la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen, anunció que los funcionarios del Órgano Judicial que han ocupado cargos en condición interina de manera continua por dos años o más verán reconocida su permanencia. Esta decisión es admirable por la estabilidad de todos los funcionarios que han dedicado años de su vida profesional a nuestro sistema de justicia, pero es una decisión, a mi consideración, que debe contemplar otros elementos.
Más allá de su impacto administrativo, invita a una reflexión más profunda. La institucionalidad requiere reglas claras y respeto por la trayectoria profesional de quienes sostienen el funcionamiento diario de la justicia. La continuidad puede contribuir a fortalecer la experiencia acumulada y la eficiencia operativa.
En un contexto donde la confianza ciudadana en la justicia es un tema sensible, cualquier medida relacionada con permanencias debe estar acompañada de criterios objetivos, evaluaciones transparentes y un mensaje claro de que la estabilidad responde al mérito y al fortalecimiento del servicio público. La consolidación institucional no se mide solo en años de servicio, sino en eficiencia, independencia y responsabilidad con la que se ejerce la función judicial.
Por ello, respaldo la decisión por la estabilidad laboral que impulsa la magistrada presidenta de la Corte para los funcionarios. Sin embargo, considero que esta decisión debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de los méritos académicos, la trayectoria profesional y el desempeño de cada funcionario que pasará a formar parte permanente de nuestro sistema de justicia, en beneficio de todos los panameños. Porque la estabilidad sin mérito debilita el sistema; pero la estabilidad con excelencia lo fortalece.