La Ley 352 PADE tiene las soluciones para corregir la problemática del agro

El Papa Francisco, al inicio de su periodo, destacó: “vivimos en un mundo dominado por el consumismo.” Los aparatos electrónicos han hecho dependientes a jóvenes y hasta miembros de la “ vieja guardia”; los vehículos a motor son el sueño de la juventud mundial y también de nuestro pequeño país que desde el 7 de septiembre de 1977, cuando se firmaron los Tratados del Canal Torrijos- Carter, nos sentimos “riquitos de pueblos”.

Sustento esta opinión con lo siguiente: El 31 de diciembre del 2000 cuando la Presidenta Mireya Moscoso recibió el Canal de Panamá, de manos del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, la hectárea de tierra para actividades agropecuarias arables titulada tenía un valor venta máximo de $200 solamente por hectárea en los mejores suelos del país.

En el próximo gobierno, 2004 a 2008, del presidente Martín Torrijos Espino, se iniciaron las obras de la ampliación del Canal a tres juegos de exclusas.

Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli Berrocal fue cuando se “calentó la ampliación del Canal interoceánico y otras obras del Estado que nos llevaron en ese periodo presidencial. Al “pleno empleo”. El avaluó de la hectárea para préstamos agropecuarias llegó a un monto de $5.000 / hectárea.

En ese periodo de tiempo hasta las tierras sin titular, pero certificadas por el Programa Nacional de Tierras (Pronat) que tenían derechos posesorios recibían préstamos del Banco Nacional de Panamá. Hoy, en las fronteras agropecuarias de Darién y gran parte del corregimiento de Chepo, sus propietarios no tienen acceso al crédito porque ya sus tierras no califican para créditos bancarios de la banca estatal y privada, porque muchas no cumplieron a tiempo con sus obligaciones bancarias. Y, también por no tener la legalización de sus tierras bajo el título de propiedad.

El 40 % de las tierras agropecuarias del país no tienen título de propiedad por el lento tramite de Anati, en gobiernos anteriores. Solo el 60 % de las tierras en uso agropecuario del país están tituladas: 1.603.000 y el 40 % resaltantes 811.297 hectáreas están en trámites de titulación en Anati. El director anterior dijo que existen 100.000 expedientes por tramitar y que anualmente solo se titulan y entregan 5.000 títulos en todo el país (según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo -INEC-).

Como parte integral de la Ley 352 PADE, en su Capítulo 111, Derechos sobre la Tierra, destinada a la producción agropecuaria se incluyó el articulo 86. Esto que he narrado fue lo que me interesó en participar en la Ley PADE. La Ley PADE es larga, tiene 95 artículos en total, pero para mi persona -como profesional conocedor de lo mal que hemos tenido nuestra actividad agropecuaria nacional- los efectos del “Control de Precios” que determinó el expresidente Varela sobre 22 productos de la canasta básica, donde nacieron los subsidios al arroz y a la carne de res, según los cálculos de la Anagan, ocasionaron una pérdida de $130 millones, sin compensar en nada a los ganaderos del país, y terminó “casi” enterrando al agro nacional en los dos periodos presidenciales.

Según el economista peruano, Dr. Hernando Soto: cada hectárea de tierra sin legalizar su tenencia se constituye en “un capital muerto”. “No le des el pez al hombre, enséñalo a pescar”.