La mala distribución de las riquezas en Latinoamérica y en especial en Panamá

Se entiende como mala distribución de las riquezas la concentración excesiva de ingresos, activos y recursos económicos en un pequeño porcentaje de la población, lo que genera una profunda desigualdad.

Por ejemplo, hoy manejamos estos datos, el 10% más rico del planeta controla el 80% de la riqueza global. Esto quiere decir que alrededor de 700 millones de personas viven con menos de $2 al día. Para América Latina y el Caribe el 10 % más rico de la población tiene en promedio ingresos 12 veces mayores que el 10% más pobre.

Uno de cada cinco habitantes de América Latina y el Caribe es clasificado como pobre. En Colombia, Chile y Uruguay el uno por ciento de la población controla el 40% de la riqueza, mientras que la mitad más pobre solo controla una décima parte de la riqueza. Alberga algunos países con una desigualdad de ingresos extremadamente alta, como es el caso de Brasil, Colombia, Guatemala, Panamá y Honduras.

Pero hay países como Bolivia, República Dominicana, Uruguay y EL Salvador donde las brechas de ingresos son similares a la de los Estados Unidos.

La mala distribución de la riqueza en Latinoamérica se debe a una combinación de factores históricos, estructurales y políticos que han consolidado a la región como la más desigual del planeta. Las raíces de la desigualdad se remontan a la época colonial, donde la distribución de tierras y recursos fue extremadamente desigual, creando unas pocas familias muy ricas y muchas familias pobres.

La tierra y el capital han estado en pocas manos, lo que limita la capacidad de la clase trabajadora para generar riqueza propia. La condición económica de los abuelos es heredada por las siguientes generaciones que siguen acumulando capital.

Además los sistemas tributarios contribuye al bajo pago de impuestos de las élites, en comparación con la clase media y baja, lo que limita la capacidad del Estado para redistribuir ingresos a través del gasto social. Existe una marcada disparidad en el acceso a una educación de calidad, esto agranda la brecha entre la mano de obra calificada y no calificada.

La alta tasa de informalidad laboral impide el acceso a beneficios sociales. A pesar de grandes reservas de petróleo, cobre, soya, minerales raros, etc. La riqueza generada por estos recursos paran en el capital de las élites. La corrupción rampante en las instituciones públicas aumenta el capital de las élites en detrimento del bienestar social de las grandes mayorías.

Panamá enfrenta una profunda desigualdad estructural, posicionándose como uno de los países más desiguales de América Latina (segundo más desigual según datos de la CEPAL 2025), con un Coeficiente de Gini de aproximadamente (0.506) a (0.509).

A pesar de un alto crecimiento económico impulsado por el Canal y el sector servicios, la riqueza se concentra en la zona metropolitana, dejando brechas significativas en áreas rurales y comarcas indígenas. La concentración de capital incursiona en la política, tomando el poder gubernamental del país, socavando el sindicalismo y movimientos populares, afianzando la sujeción económica /política con el capital mundial.

El modelo económico Neoliberal basado en el tránsito y los servicios ha generado islas de riqueza en un mar de pobreza, lo que demanda una mayor inversión pública (Estado Benefactor) y coherente equidad económica y social. En el último quinquenio somos líder en la región en crecimiento económico, pero esta expansión no ha tenido suficiente impacto en reducir la pobreza y mejorar la equidad social.

Todo esto muestra una concentración extrema de riqueza, donde el 1% más rico de la población concentra el 33% de la riqueza, mientras un 25% de la población vive en pobreza, o sea, el 10% más rico gana 12 veces que el 10% más pobre. La tasa de desempleo se situó en 10.4% (2026), la informalidad sube en 49.3% y alcanza a 1.566.014 panameños.

Es importante continuar políticas que mantengan el crecimiento económico, pero hay que imponer una mejor distribución de las riquezas, que efectivamente combatan la pobreza y marginación, convirtiéndolas en políticas de Estado. Hay que sostener los subsidios, mejorar la calidad de la educación y sustituir el modelo de economía dual por un sistema incluyente.