La relación de Panamá con la Unión Europea, entre el vasallaje y la soberanía

La FinCen, oficina del Departamento del Tesoro que administra y hace cumplir buena parte de las normas estadounidenses contra el lavado de dinero y otros delitos financieros, acaba de adoptar una decisión que nos debiera provocar una profunda reflexión.

Mediante una norma definitiva, FinCEN eliminó permanentemente la obligación de las compañías constituidas en Estados Unidos y de las personas estadounidenses de presentar el denominado “Beneficial Ownership Information Report” (BOI), mediante el cual se recopilaba información sobre los beneficiarios finales de determinadas sociedades. Entró en vigencia el 14 de agosto de 2026 y FinCEN anunció, además, que eliminará de su base de datos la información previamente reportada correspondiente a personas estadounidenses.

Esta decisión refleja una concepción de los gringos mucho más protectora del derecho a la privacidad de sus ciudadanos, estableciendo límites sobre la capacidad estatal de violar la confidencialidad corporativa sin razón; valores que encuentran protección constitucional, entre otras normas, en la Cuarta Enmienda de la Constitución Americana.

Casi simultáneamente en Panamá, el MEF aprueba la Resolución 201-5324 de 15 de julio de 2026, mediante la cual actualizó a 108 jurisdicciones la lista relacionada con el Estándar Común de Reporte (CRS), desarrollado por la OCDE para el intercambio automático de información financiera, promovido por la Unión Europea. En los últimos tres lustros, hemos aceptado de manera dócil las imposiciones de la OCDE como si esta fuera un regulador legítimo de la fiscalidad y transparencia mundial. Nada más lejos de la verdad.

Panamá, como país independiente y soberano, debiera exigir ser tratado con la dignidad y respeto que el Derecho Internacional exige en las relaciones entre países independientes y soberanos, siguiendo el principio de la igualdad jurídica de los estados.

La OCDE no es más que una burocracia, agrego yo parasitaria, que se instituyó para administrar los fondos del Plan Marshall para reconstruir a Europa luego de la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial.

Al terminar dichas funciones a finales de los años 50’s se constituyo en un “Think Tank” europeo para recomendar políticas públicas a sus países miembros, la mayoría infiernos fiscales europeos, y desde 1998 por mandado del G-20, desarrollar estándares, recomendaciones y mecanismos de coordinación entre países (listas) para atacar a los denominados “paraísos fiscales”.

Por lo tanto, no es una autoridad supranacional con facultad para dictarle a Panamá su legislación fiscal. Estados Unidos, miembro de la OCDE, parece entender perfectamente esa diferencia.

Siendo miembro, nunca adoptó el CRS. En materia de intercambio de información fiscal creó su propio sistema: FATCA. Es decir, cuando sus intereses nacionales así lo requieren, Estados Unidos establece sus propios estándares y protege su soberanía financiera.

Nosotros hemos seguido un camino muy diferente. En vez de caminar por el sendero de la dignidad hemos preferido la pusilanimidad. Por más de 20 años hemos modificado nuestra legislación fiscal, societaria, financiera y creado burocracias (Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros) para cumplir los llamados “estándares internacionales”, bajo la presión de listas discriminatorias bajo un proceso en el cual permanentemente se nos exigen nuevas concesiones.

¿Cuál ha sido el resultado después de aceptar tantas imposiciones? Ninguno, aún seguimos en la lista de jurisdicciones fiscales no cooperadoras de la Unión Europea.

Cumplimos una exigencia y aparece otra. Aprobamos una ley y posteriormente nos solicitan modificaciones adicionales. Ahora hemos aprobado legislación de sustancia económica y en octubre vendrá nuevamente la evaluación europea. Ya verán que no nos sacarán de la lista y pedirán más. Pero existe una pregunta todavía más profunda: ¿por qué un Estado independiente y soberano debe aceptar permanentemente ser evaluado por un grupo Estados que actúan simultáneamente como jueces y parte?

La libre determinación y la igualdad jurídica de los Estados son principios fundamentales del derecho internacional. Panamá tiene derecho a defender su modelo económico y fiscal, siempre respetando el Derecho Internacional, que no son los estándares de la OCDE, y combatiendo efectivamente el lavado de dinero y demás actividades ilícitas. Esto no significa aislarnos del mundo. Significa escoger inteligentemente nuestros aliados y nuestros estándares. Y aquí aparece una oportunidad geopolítica excepcional.

Estados Unidos necesita hoy a Panamá de su lado. Nuestra posición geográfica, el Canal y nuestra importancia para la seguridad hemisférica vuelven a colocarnos en el centro de su estrategia regional. Y como somos un país con grandes reservas de cobre nuestra importancia es aún mayor. Ya es hora de aprovechar esa realidad.

En vez de continuar reaccionando pasivamente ante cada nueva exigencia de la OCDE y de la Unión Europea, debemos construir juntamente con Estados Unidos una estrategia que fortalezca nuestra posición frente a esas presiones.

En temas de seguridad hemisférica, financiera, fiscal y de activos digitales, debemos procurar una mayor alineación regulatoria con Estados Unidos, nuestro principal socio estratégico y aliado natural.

No se trata de copiar automáticamente todo lo que haga Washington. Se trata de algo mucho más importante: recuperar nuestra capacidad de decidir qué estándares convienen a los intereses nacionales de Panamá.

Estados Unidos no le pide permiso a la OCDE para defender los suyos. Panamá tampoco debería hacerlo.