Legalizan impunidad y ‘juegavivo’

Hoy conmemoramos 107 años de separación de Panamá de Colombia, sin embargo parece que las experiencias vividas de poco valen para lograr que los políticos cambien la actitud mezquina del juegavivo por la de estadistas; lo que requiere este país para lograr un desarrollo sostenido.

En el transcurrir de nuestra vida como nación libre, se ha hecho costumbre la mala práctica que quienes ocupan cargos gubernamentales, principalmente los del Órgano Legislativo (independientemente del partido político), aprovechen celebraciones importantes (donde la ciudadanía se encuentra distraída), para aprobar leyes que en nada favorecen a la población.

El irrespeto de los electos hacia la población, es tal que en lugar de crear leyes que beneficien a los más necesitados y promuevan la cohesión nacional, tratan de meter nuevos camarones, aprobando el pasado jueves en segundo debate el ‘proyecto de ley 131, sobre juzgamiento a diputados’.

Según los entendidos, esta iniciativa parlamentaria intenta impedir que los ciudadanos puedan efectuar denuncias anónimas y así ‘quitarle al Ministerio Público la facultad de investigar a los diputados’. Esta acción recaería solo en la Corte Suprema de Justicia, quien en un periodo no mayor a cuatro meses debería realizar indagatorias y decretar un fallo.

Mientras la población se debate en una multitud de situaciones que afectan su calidad de vida, como la inseguridad en las calles, aún con los operativos policiales y se implementa el pele—police para tratar de controlar los niveles de delincuencia, la corrupción continua en la figura del clientelismo político, botellas y desaciertos en la aprobación de leyes para favorecer intereses particulares, económicos o partidistas.

La población está en espera de un verdadero cambio. Es inaceptable lo publicado por los medios. El aumento en la dieta de los diputados, así como el artículo que incluyen en el Presupuesto General del Estado para el 2011, que los cargos por elección popular donde ellos son funcionarios en licencia, reciban ajustes salariales, aún cuando no estén ejerciendo esas funciones.

Es injustificable el exagerado incremento en los viáticos nacionales y al exterior para funcionarios que reciben gastos de representación y devengan altísimos salarios. Este es un país donde a la población trabajadora a duras penas le alcanza los escasos recursos que devenga para subsistir. Tal es el caso de los jubilados, quienes exigen un aumento de B/.50.00 en sus pensiones y esperan que el presidente Martinelli les cumpla la palabra empeñada.

La ciudadanía, pilar esencial para salvaguardar los intereses y patrimonio de los habitantes del país, debe estar vigilante para evitar atrocidades contra el erario. Exigir la rendición de cuentas oportuna contribuirá a garantizar la transparencia en el buen uso de los fondos en obras públicas financiadas con nuestros impuestos. Los diputados deben legislar con honestidad. Es su responsabilidad y deber analizar a conciencia los proyectos de ley que se presenten, y no aprobarlos a tambor batiente, a fin de que las leyes respondan a las demandas sociales de los conglomerados poblacionales.

*ECONOMISTA Y EDUCADORA.