El lenguaje del desempleo

Han transcurrido cuatro años desde el inicio de este gobierno, y aunque es innegable que nos enfrentamos a una pandemia que impactó significativamente el mercado laboral (en parte debido a decisiones desafortunadas tomadas durante 2020-2021), no podemos ignorar la situación actual. A pesar de que muchos países han logrado recuperar sus indicadores económicos previos a la pandemia, Panamá ha experimentado un aumento preocupante en los niveles de desempleo e informalidad laboral, alcanzando niveles no vistos en las últimas dos décadas.

Esto nos lleva a cuestionarnos acerca de las políticas laborales implementadas por el gobierno en estos años. Pareciera que su atención está más centrada en temas como la igualdad de género y el lenguaje inclusivo, dejando en segundo plano asuntos más apremiantes. Podríamos, sin embargo, estar equivocados en nuestra percepción y quizás el gobierno considere que la situación laboral es más positiva de lo que parece. Tal vez sea pertinente preguntar a la ministra su perspectiva al respecto.

No obstante, una realidad innegable es la disfunción en el mercado laboral panameño, evidenciada por cifras alarmantes de desempleo e informalidad, que en el año 2022 alcanzaron un 9.9% y un 48.2% respectivamente.

Todo mercado se rige por las leyes de oferta y demanda, donde ambas fuerzas buscan alcanzar un equilibrio, un punto en el cual se acuerda un precio para la transacción. En este caso, lo que se compra y vende es el tiempo de trabajo, y para ello empleadores y empleados deben ponerse de acuerdo. Sin embargo, ambas partes deben considerar expectativas futuras en cuanto a salarios, habilidades, costos laborales, en un contexto de información asimétrica e incertidumbre.

La disfunción en el mercado laboral podría tener múltiples causas. Podría residir en la oferta laboral, quizás los trabajadores panameños carecen de las habilidades y conocimientos que demandan los empleadores, o los costos laborales son excesivamente altos, llevando a los trabajadores a exigir salarios más elevados de lo que el mercado puede ofrecer. También pueden intervenir leyes que restringen la contratación, movilidad y flexibilidad, obstaculizando la cooperación entre empleadores y empleados.

Otro posible problema podría radicar en la demanda laboral. Las empresas no solo deben asumir los costos de producción, sino también los costos de legalidad, que incluyen salarios mínimos, bonificaciones, costos de contratación y despido, impuestos, permisos y más. Además, podrían existir barreras no monetarias como regulaciones excesivas, falta de información y sectores poco competitivos, limitando la creación de empleos e inhibiendo la inversión.

Finalmente, los factores no monetarios también podrían contribuir al problema, como la falta de seguridad jurídica, proteccionismos, ausencia de reglas claras y servicios públicos deficientes. Todo esto podría hacer que invertir en Panamá sea menos atractivo, llevando a las personas a considerar otras opciones.

En última instancia, la raíz de este problema debe ser abordada a través de políticas valientes y reformas necesarias, con el objetivo de permitir la coordinación efectiva en el mercado laboral. Esto es lo que la ministra del trabajo debería estar discutiendo. En una sociedad donde los salarios se estancan y una proporción considerable gana menos de 1200 dólares al mes, donde las empresas cierran y se van a otros países, la meta debe ser clara: permitir que las personas encuentren empleo libremente y aspiren a un futuro mejor. Enfrentar este desafío requiere valentía y disposición para asumir los costos necesarios, asegurando así un mercado laboral funcional y una sociedad más próspera.