• 11/01/2022 00:00

Ley 254: un tiro en el pie

“Decir que estamos a tiempo de contener esto, ya sería consuelo de tontos. Nos hemos tragado cada exigencia que a lo largo de una década se ha venido imponiendo para salud de los intereses de otros […]”

Entre el 2020 y 2021, muchos abogados hemos optado por presentar ante el Registro Público renuncia de la condición de Agente Residente de miles de sociedades. Esto pasa como reacción al recrudecimiento de las normas de Compliance, que han venido introduciendo sanciones excesivas, nuevas cargas y obligaciones adicionales de gestión informativa y documental a los profesionales del Derecho. La Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, ha sido la última de ellas.

Se estiman presentadas por miles las renuncias de sociedades y fundaciones de interés privado. La consecuencia inmediata de esto es que después de la renuncia nadie gestionará el cobro de las tasas que hubieran acumulado esas sociedades, pues esa era una tarea que, por décadas, realizaban los Agentes Residentes.

Con la renuncia, el abogado, ya ex agente residente, inactivará el cliente y no le enviará información de saldos, oportunidades de arreglo, moratorias, amnistías, etc., para reactivarse o ponerse al día. La sociedad o fundación huérfana de Agente Residente, queda desconectada de la eficiente gestión de recaudación que por años realizaban cientos de abogados panameños.

Según el artículo 44 de la Ley 254 de 2021, que modifica nuevamente el artículo 318A del Código Fiscal, noventa días después de la renuncia del Agente Residente se suspenderán los derechos corporativos de la Sociedad en el Registro Público. Para levantar esta suspensión, el interesado tendría que pagar una multa de B/.1000.00, además de las tasas que tengan vencidas y recargos.

El resultado será entonces una acumulación de deuda de tasas, recargos y multas. Si algún cliente hubiera tenido interés en ponerse al día, preferirá abandonar la sociedad antes de pagar; y sin Agente Residente que le oriente o que gestione el asunto, se perderá la oportunidad de recaudación para el país, el ingreso para el abogado y los empleos que de todo ello se generan.

Nos damos un tiro al pie. El país pierde una parte importante de la recaudación millonaria que tradicionalmente se captó en materia de sociedades y que era una tarea principalmente hecha por los Abogados Agentes Residentes. Esto no es cualquier cosa: para el año 2014, Panamá recaudó más de 100 millones de dólares en concepto de tasa única de sociedades. Y todos los años ese ingreso ha representado una porción significativa de los ingresos del Estado.

Bajo imposiciones foráneas, estamos sacrificado una de nuestras tradicionales fuentes de ingresos. Quienes han dirigido el Estado panameño los últimos años han renunciado a ser creativos; han preferido acceder a presiones, antes que proponer, junto a la comunidad profesional de abogados, fórmulas de consenso que permitan crear un balance entre nuestros intereses como nación y la transparencia de nuestros servicios hacia la comunidad internacional.

El Blanqueo de Capitales (BC) es un delito del que se sirven delincuentes en todas las jurisdicciones, con o sin un régimen de sociedades como el nuestro; el financiamiento del terrorismo (FT) es un negocio principalmente de los países que siempre se han beneficiado de la guerra, y de la producción y venta de armas; y bueno, la proliferación y financiamiento de armas de destrucción masiva (Fpadm), es un liga que tiene actores bastante bien definidos en el concierto internacional (entre los que Panamá no es figura).

Bajo la consigna de la prevención del BC, FT y Fpadm, se ha promovido la nueva ola de imposiciones normativas de los últimos tiempos. Nadie está en desacuerdo en que trabajemos en la prevención del BC, FT y Fpadm; lo que no tiene sentido es que deba ser a costa del sector jurídico, el mismo que, a lo largo de nuestra vida republicana, ha sido pilar e impulsor de nuestro desarrollo como nación.

Decir que estamos a tiempo de contener esto, ya sería consuelo de tontos. Nos hemos tragado cada exigencia que a lo largo de una década se ha venido imponiendo para salud de los intereses de otros, sin que ningún Gobierno tenga el carácter ni entereza de cambiar el juego que nos imponen, y en el que, tristemente, parece que seguimos(¿remos?) siendo los perdedores.

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