Una ley para los LGBTI, es una ley para todos

Panamá debe adoptar legislación que prohíba los actos de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y tomar medidas para promover los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y prevenir su discriminación.

Al igual que las mujeres al principio del siglo veinte tuvieron que luchar para que quedase claro que cuando la Constitución panameña hablaba de igualdad no solo se refería entre ciudadanos del sexo masculino, la comunidad LGBTI hoy busca el amparo que les otorga en principio, pero no en la práctica, el ser ciudadanos panameños.

Esto no solo lo digo yo que vivo a diario los estragos de la ausencia de esta ley. Estas recomendaciones vienen del más reciente grupo de trabajo de las Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos en Panamá, en julio del año pasado.

Me parece sorprendente que los medios de comunicación en Panamá no hayan cubierto esta noticia. Supongo que es mi obligación estar enterado de estos temas y no debería transferir mi responsabilidad. Pero tengo la ligera sospecha de que los medios solo cubren noticias sobre este 10 % de la población cuando existe la posibilidad de burla.

A pesar de que está en todas partes, la diversidad de la comunidad LGBTI es prácticamente desconocida en Panamá —a nivel mediático, político y comercial. Un amigo me compartió su hipótesis del porqué, no importa si somos el 1.5 % o 10 % de la población. En Panamá, tu saldo bancario y los tres primeros dígitos de tu número de teléfono son los que cuentan. Y los que cuentan no quieren que nada cambie.

Los ricos enclosetados —con números de teléfono que comienzan con 227 o 265— se enjaulan en sus ghettos rodeados de edificios altos, segundas casas de playas en-cualquier-parte-menos-Coronado, y carros tipo tanque de guerra. A pesar de tener las conexiones políticas y comerciales para implementar las recomendaciones de las Naciones Unidas, ellos son de la opinión que no necesitan pedirle nada a sus políticos. Ellos lo tienen todo y eso de pedir igualdad civil y dignidad atenta contra su estabilidad financiera. Diferente a los EE.UU., el poder del voto gay o el dólar gay no existe en Panamá.

Por su parte, los pobres esperanzados —293 o 299— se visten de arcoíris y salen a la calle con menos que perder a recordarnos que la Constitución garantiza igualdad civil y que la orientación sexual entre dos adultos no es delito ni representa un dilema moral. Pero qué importa, estos pobres llenos de dignidad no tienen textura. No tienen voz. No llegan ni a eco. Sin poder político, sus demandas suenan a ‘ganas de quejarse '.

Recientemente la Asamblea Nacional prohijó un Anteproyecto de Ley que ayudaría a Panamá a cumplir las recomendaciones de la ONU, promoviendo la idea revolucionaria de que los LGTBIs somos humanos. Y como tales, el Estado panameño debe reconocer explícitamente que no habrá ni aceptará discriminación por orientación sexual ni identidad sexual —ni en el mercado laboral ni el financiero y mucho menos al utilizar servicios y bienes públicos.

Aprobar esta ley no solo sería una manera de sacarnos a otro organismo internacional de encima. También sería la oportunidad para que todos los miembros de la comunidad LGTBI mostremos la cara y rompamos con tantos mitos peligrosos que evaporan lo que somos, sin importar billeteras. ‘Enclosetados ', limitamos a Panamá. Ya es hora de que, con nuestra diversidad, sensibilidad y talento, podamos contribuir abierta y plenamente al desarrollo económico y cultural de nuestro país.

DRAMATURGO Y ECONOMISTA.