• 03/05/2022 00:00

Leyes al servicio de delincuentes

“Se hace necesaria una auditoría e investigación a los fallos de los jueces de circuito, superiores y de provincia y una reforma profunda a las leyes para evitar que quienes delinquen se burlen de la justicia”

Hace poco leí una noticia titulada: Banda de estafadores burla la justicia y se apodera de fincas y sociedades, la información se refería a delincuentes que, valiéndose de todo tipo de falsedades y actos ilegales, se adueñaron de varias sociedades anónimas y propiedades, despojando de estas a su legítimo dueño. Lo que más llamó mi atención del relato, son las acciones ligeras y casi complaciente de los jueces a la hora de sancionar a quienes se les comprobó que actuaron dolosamente.

La nota expresa en uno de sus párrafos: “Según las investigaciones de la fiscalía regional de Colón, con información falseada y datos alterados, se pretende despojar al verdadero propietario de las acciones y el control de la sociedad Grupo ZS, S. A. al inscribirlas a nombre de tres ciudadanos de nacionalidad chino-venezolana y chino-panameña, engañando al notario mediante la aportación de información falsa”.

En otro párrafo se detalla los siguiente: “Por medio de este engaño y actuaciones ilícitas, el grupo logró hacerse del control del patrimonio de la sociedad, que incluye 3 fincas ubicadas en la provincia de Coclé y cuyo valor supera los 2 millones de dólares. Estas valiosas fincas cambiaron de dueño el mismo día y en cuestión de horas, por lo que los acusados fueron imputados, por los delitos de estafa agravada, al generar un engaño en la escritura, inducir al notario con un “abogado falso” de la sociedad, y con un “domicilio falso”, inventar falsas convocatorias y la supuesta presencia y decisión de accionistas, para tomar el control directivo de la sociedad”.

La noticia menciona casos similares con otras sociedades, que a la fecha y después de varios años de litigio en los tribunales, se consiguió la condena en uno de los casos, pero la misma fue sustituida por días multa, lo que permite a los implicados en las estafas no solo gozar de libertad, sino que mantienen el control de las sociedades y fincas de las que se apropiaron.

¿Quién puede creer en la certeza del castigo, cuando se aplican sanciones irrisorias y se mantiene en libertad a los transgresores de la Ley? Y, mientras, las leyes ofrecen más garantías a los delincuentes que a las víctimas. Los primeros continúan usufructuando de las propiedades que se apoderaron de manera irregular, mientras el verdadero propietario, que hizo una inversión, pagó impuestos y creyó en la seguridad jurídica del país, ve cómo su trabajo, esfuerzo e inversión, pasan a manos de maleantes que tuercen la Ley y las reglas del juego, burlándose de la justicia. ¿Cómo se puede confiar en la imparcialidad de la justicia, cuando la parte acusada dilata el proceso mediante todo tipo de artimañas, para que este sea suspendido y reprogramado hasta siete veces?

A principios de año hubo relevos en la Corte Suprema de Justicia y se renovó la esperanza de cambios, para garantizar que la administración de justicia sea imparcial y transparente. Se hace necesaria una auditoría e investigación a los fallos de los jueces de circuito, superiores y de provincia y una reforma profunda a las leyes para evitar que quienes delinquen se burlen de la justicia. Esa es una tarea pendiente de acometer por la nueva presidenta de la Corte para devolverle credibilidad a la tan cuestionada seguridad jurídica.

(*) Comunicador social, expresidente del Colegio de Periodistas.
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