Una libertad amenazada

DIRECTOR DEL DIARIO LA GACETA (ARGENTINA), VICEPRESIDENTE REGIONAL DE LA SIP.

M ás de 400 editores se reunieron recientemente en Lima para evaluar las agresiones que ha recibido el periodismo este año en los países americanos. La Argentina tiene el triste privilegio de conformar el lote de casos más preocupantes. Cuba, México, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia completan la nómina de países en los que la libertad de prensa ha sido sistemáticamente atacada.

Cuba, con un régimen que ha desterrado desde hace décadas la libertad de expresarse, y México, quebrando año a año las marcas de periodistas asesinados por el narcotráfico, presentan los panoramas más sombríos para el ejercicio del periodismo.

El de Argentina es un caso particularmente interesante porque los ataques a la prensa son cada vez más sofisticador y, por lo tanto, es más difícil concientizar a la ciudadanía sobre su gravedad. El Gobierno ha empleado recursos y organismos públicos para premiar u hostigar a los medios de acuerdo a su línea editorial. Se ha montado un desmesurado aparato mediático paraoficial dedicado a desacreditar al periodismo independiente y se han multiplicado los ataques y las restricciones contra aquellos que buscan interpelar a un poder que pretende instalar su propia versión de los hechos, dejando de lado enfoques alternativos. Paralelamente, el Gobierno avanza con leyes e intromisiones abusivas en el control de contenidos, insumos y licencias de medios.

La publicidad oficial ha tenido un crecimiento geométrico desde 2003 y su asignación ha desvirtuado su objeto. En lugar de utilizarse para comunicar la gestión del Estado, a través de las vías más aptas para que el mensaje llegue a los ciudadanos, se ha transformado en combustible de medios complacientes con el Gobierno u hostiles con la prensa no adicta. De ese modo se ha transformado el mapa mediático con un tinte oficialista que abarca al 80% de las empresas periodísticas.

Esta administración negligente y arbitraria de fondos públicos se torna evidente al repasar los porcentajes de distribución de la pauta estatal. Los dos diarios de mayor circulación, que en conjunto representan más del 60% de la circulación total de la capital, recibieron un 2,5% frente al 38% que fue a parar a dos diarios con una tirada combinada diez veces menor que la de éstos.

Además de la asignación distorsiva de la publicidad oficial, el Gobierno emplea abusivamente distintos canales para instalar su discurso. Desde la gestión de medios públicos como órganos proselitistas al uso propagandístico de las transmisiones de fútbol, que fueron estatizadas, regadas con avisos oficiales y sostenidas con fondos que superan los 450 millones de dólares.

Un proyecto del Ejecutivo que propone declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios puede convertirse en ley a fines de este año. La iniciativa, que prohíbe a los diarios participar de la producción de su principal insumo, obligaría a los actuales accionistas mayoritarios de la única fábrica que lo produce actualmente en el país a abandonar la empresa. La posibilidad de que el Gobierno controle el insumo vital de los medios gráficos, a través de la producción local y de las regulaciones al comercio exterior, pondría en jaque a toda posible autonomía de la prensa.

En la Argentina podemos expresar lo que pensamos. En nuestro país hay medios que pueden juzgar críticamente la gestión de los gobernantes. Pero nuestras libertades de expresión y de prensa están afectadas por ataques sistemáticos a los medios a través de los cuales esas libertades pueden concretarse. La combinación del temor a las represalias, la seducción de los fondos públicos y el crecimiento de la discrecionalidad estatal en las regulaciones ya ha teñido la mayor parte del mapa mediático con un tinte oficialista.

Con los resultados electorales que han engendrado un gobierno fuerte y una oposición diluida, los argentinos tendremos débiles contrapesos institucionales para contener los desbordes del poder. En este escenario, la disminución progresiva de las voces periodísticas independientes enciende una señal de alerta respecto de la vitalidad de la democracia republicana.

Hay periodistas que pueden juzgar críticamente la gestión gubernamental. Pero la libertad de prensa no tendrá plena vigencia mientras se siga atacando a los medios a través de los cuales ésta puede concretarse .