¿Tenemos la sartén por el mango?

Alberto Alemán Zubieta, en declaraciones divulgadas el pasado 16 de enero y que le debía al país, pues durante su mandato como administrador del Canal se celebró el contrato con el Grupo Unidos por el Canal, afirmaba que la ACP no había dejado cabos sueltos, o sea, que todo había quedado ‘atado y bien atado’.

Recientemente, siete exintegrantes de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal: Mario Galindo, Guillermo Quijano, Alfredo Ramírez, Dani Kuzniecky, Norberto Delgado, Abel Rodríguez y Eduardo Quirós, quienes ostentaron sus cargos cuando se contrató con el GUPC, también han sido contundentes al rechazar, por considerarlas inaceptables, las reclamaciones económicas y el ultimátum del Grupo Unidos por el Canal.

Y durante todo el rifi-rafe, posterior al anuncio del GUPC, de que suspendería las obras de la ampliación, y las conversaciones subsiguientes para supuestamente buscar una solución al reto de la compañía constructora, el actual administrador, Jorge Quijano, se ha pronunciado en líneas parecidas a las marcadas por su predecesor y por los exdirectivos de la ACP.

Si damos completo crédito a esas manifestaciones, debemos concluir que, como quiera que se pueda mirar, la ACP y, en consecuencia, nuestro país, tenemos ‘la sartén por el mango’ y que, por tanto, lo único que corresponde es ejercer nuestros derechos contractuales y actuar, y con la mayor firmeza, para exigir responsabilidades a la parte que ha incumplido con sus obligaciones, el GUPC.

Sin embargo, parece que la cosa no es tan sencilla. Y la pregunta que cabe hacer es: ¿Por qué el GUPC se ha atrevido a suspender las obras de la ampliación, cuando su acción daría a la ACP el derecho a declarar la rescisión del contrato y a exigirle que responda por su incumplimiento de los términos pactados y los perjuicios causados?

Para responder, haciendo una conjetura sobre su arriesgada decisión, solo se me ocurre que el GUPC, utiliza como chantaje el hecho, comprobable y aceptado por la ACP, de que ellos ya han cobrado por los trabajos realizados y, además, han recibido adelantos a cuenta de trabajos que no han hecho por una suma cercana a los 800 millones de dólares.

Al traducir a cifras lo anterior, resulta que el GUPC, ya tiene de su lado pagos y adelantos, en términos reales préstamos, equivalentes al 95 % del precio total contratado, cuando solo han ejecutado entre el 60 y el 70 % de la obra.

Cuando se desveló la existencia de los adelantos por trabajos todavía no ejecutados, la explicación de la ACP fue que ellos estaban debidamente cubiertos por garantías bancarias. En otras palabras, que varios bancos actuaron como fiadores del GUPC y, en consecuencia, pagarían por éste, si no cumplía con su devolución en las fechas pactadas que, por lo que se sabe, ya están vencidas o a punto de vencer.

Si la ACP decide, como flota en el ambiente, rescindir el contrato con el GUPC, se dice, procedería a cobrar a los bancos las garantías que dieron por éste y, además, se exigiría a la empresa aseguradora Zurich American, que emitió la póliza para garantizar el cumplimiento por el GUPC de la correcta ejecución de la obra, la fianza que se fijó en la suma de 400 millones.

Pero tampoco es tan sencilla la cosa. Tanto los bancos garantes como la aseguradora, es fácil vaticinar que alegarán que su obligación está condicionada a que se demuestre judicialmente que su afianzado, el GUPC, ha incumplido, pues éste, insiste, como ya lo ha hecho, que la suspensión estuvo justificada por acciones y falsas informaciones imputables al dueño de la obra, o sea, la ACP.

Como apenas estamos en el umbral de una batalla que se vislumbra larga y costosa, no es un desatino preguntar: ¿En verdad, tenemos la sartén por el mango?

PRECANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE.