¿Quién vigila a la Autoridad del Canal de Panamá?

En Panamá se repite una frase cómoda cada vez que el Canal aparece en una controversia ambiental o social: “Hay que vigilar el Canal”. Suena responsable, pero es incompleta y, peor aún, distrae. Porque el Canal, como infraestructura, no decide nada. No tiene ambición, no vota, no hace lobby. Quienes deciden son personas e intereses instalados en un sistema político y económico que, cuando se captura, vuelve normal lo que debería ser inadmisible. Por eso el debate debe corregirse con firmeza.

Lo que Panamá tiene que vigilar, filtrar y auditar es el sistema que coloca fichas en el Canal y lo usa como tablero de poder. No es un problema de esclusas, es un problema de gobernanza real. No es un asunto de ingeniería aislada, es un asunto de incentivos, opacidad y captura institucional. Es una piñata que se reparte con máxima solemnidad entre los grandes como si fuera un acto litúrgico. Cualquiera lo cree y muchos lo dudan, pero nadie está fiscalizando de verdad, nadie.

El patrón es conocido, primero minimizar, demorar, fragmentar y finalmente maquillar. Cuando un sistema prioriza ingresos de corto plazo, los impactos se vuelven “externalidades” y la información se convierte en un recurso político, no público. Primero se minimiza. Se presenta la intrusión salina como un detalle menor, un fenómeno manejable.

Pero los datos científicos, como los del reciente estudio de Castrellón et al. (2025), son contundentes y nos debe alertar a todos. Antes de la expansión, la salinidad promedio en el Lago Gatún era inferior a 0.05 PSU (Unidad Práctica de Salinidad - 1 PSU equivale aproximadamente a 1 gramo de sales disueltas por kilogramo de agua de mar (g/kg)). Después de la expansión, ese promedio se multiplicó por más de cuatro, alcanzando 0.21 PSU. Son cambios pequeños para un vaso de agua, pero enormes para un lago que es la reserva hídrica estratégica del país. No es poca cosa...La sal es la señal, pero el problema es el modelo.

En Gatún, la intrusión salina no es solo un número. Es un síntoma de que se empuja el sistema más allá de sus límites. El estudio evidencia que la salinidad ha llegado al corazón del lago, reportando valores promedio de 0.214 PSU cerca de Barro Colorado tras la expansión. El mensaje es claro de esos datos son claros y realmente alarmantes si las mayorías comprendieran estos números. La salinidad de las aguas del Canal no está confinada al borde, está dentro del sistema. Y los riesgos son concretos y de hecho ya evidentes.

Ahora se requiere un tratamiento de agua más complejo y costoso, la transformación gradual de un ecosistema lacustre tropical, el incremento del riesgo de especies marinas invasoras y la presión para nuevos proyectos de agua que generan conflictos sociales previsibles. El propio estudio señala que en junio de 2020, tras un período de sequía ligeramente acentuado, la salinidad promedio alcanzó un pico de 0.39 PSU. Negar o suavizar estos puntos no es prudencia; es irresponsabilidad. Y sin embargo, la opacidad es custodiada por una Junta Directiva que por acción u omisión se hace que no se da cuenta del grave problema.

Los datos detallados y actualizados más allá de 2020 no fluyen con transparencia, requieren de esfuerzos de investigación casi hercúleos para ser obtenidos y analizados. Esta misma dificultad para acceder a la información pública es un síntoma más de la enfermedad sistémica. Están ocultando datos y hechos, pero se paga propaganda para mostrar transparencia!

El verdadero “secreto a voces” no es la salinidad, es la captura del sistema. En Panamá se habla del Canal como si fuera una isla institucional perfecta, un edén del bien. Pero ningún sistema con tantos recursos e influencia está blindado. La captura no siempre es un sobre con dinero; a veces es más sofisticada. Es captura cuando los criterios de éxito se reducen a ingresos y tonelaje; cuando los costos ecológicos y sociales, documentados por la ciencia, se sacan de la contabilidad; cuando la información ambiental se administra como narrativa en lugar de publicarse en formatos abiertos y auditables; cuando se decide primero y se “consulta” después; cuando el país escucha promesas sin garantías verificables.

El resultado es un modelo insostenible por diseño, que opera bajo un principio simple, el cual es maximizar beneficios inmediatos y diferir las consecuencias. Eso no es estrategia nacional; eso es hipotecar el futuro.Por eso, el enfoque correcto es político, institucional y ciudadano. Panamá debe instalar un filtro real sobre el sistema decisor que maneja el Canal como tablero. Esto exige una transparencia ambiental obligatoria y verificable, con datos crudos y auditables, no resúmenes o infografías complacientes para redes sociales. Los datos de salinidad, cloruros, y demás parámetros deben ser públicos en tiempo real, tal como los genera la ciencia.

Requiere una auditoría independiente y permanente, con participación académica, técnica y social, libre de dependencia presupuestaria del poder que se audita. Necesita una contabilidad completa de costos, donde aparezcan todos los impactos, ya sean en tratamiento de agua, desplazamiento de comunidades o riesgos ecológicos. Demanda contrapesos reales en la toma de decisiones, porque un país serio no confunde autonomía institucional con ausencia de control democrático.

Fundamentalmente, precisa establecer límites operativos claros basados en la ciencia disponible. Un sistema sostenible define límites y los respeta. Si para mantener el ingreso hay que empujar el lago hacia una nueva química y hacia más conflictos, entonces el problema no es el lago, es el modelo.Hay una verdad incómoda que debe decirse sin tibieza o sin titubeos. Cuando un sistema se acostumbra a ocultar hechos clave, el precio a pagar siempre termina siendo más alto. Y lo paga el país entero.

Menos ingresos aunque maquillen que aportan más, calidad y cantidad del agua, en ecosistemas contaminados, en salud pública, en conflictos territoriales, en pérdida de confianza. No existe garantía automática de solución. Las soluciones reales exigen inversión, reconocimiento de límites y, sobre todo, un cambio radical en los incentivos que empujan a maquillar problemas. Si el incentivo de la opacidad y la captura sigue intacto, se seguirá administrando la crisis en lugar de resolverla. Panamá no necesita un eslogan de “vigilancia del Canal”.

Panamá necesita, con urgencia, la vigilancia constante y democrática del poder que decide sobre el Canal. Porque el Canal no se gobierna solo. Lo gobiernan personas. Y cuando esas personas operan bajo opacidad y rentas, el país pierde el control de su recurso más estratégico, escaso y vulnerable como es el agua dulce de la cuenca. La ciencia ha hablado; ahora le toca a la ciudadanía y a sus instituciones exigir que esa voz sea la que guíe el rumbo.Es mi deber científico mandar estas alertas. Es el deber ciudadano y de los políticos, dejar la copa a un lado y los cocteles y comenzar a fiscalizar de verdad a la Autoridad del Canal de Panamá y lo que hace más allá de entregar un cheque partido por la mitad, con mucha propaganda y muchos fallos ocultos debajo de la alfombra. Hace falta cambiar la alfombra y comenzar un período de verdadera transparencia y fiscalización. Eso debe ser así en todo país con robustez institucional.