Mantener el equilibrio y la credibilidad del Tribunal Electoral

El prestigio y la credibilidad del Tribunal Electoral han sido por años de las más sólidas de la institucionalidad panameña, pese a marginales señalamientos de fraude en los últimos comicios que algunos sectores han proferido, quizá por sentirse afectados por los resultados. Casi siempre ocurre así después de una jornada electoral. Pero de los señalamientos a las pruebas hay un abismo de distancia. De no haber sido por ese prestigio, por la manera como fue conducido cada proceso electoral desde 1994 a esta parte, el entramado democrático se habría derrumbado hace cierto tiempo.

Es esa perspectiva, ya casi tradición, lo que se juega el país cada vez que un magistrado termina su período y la Asamblea Nacional debe escoger su reemplazo. Pero además de la personalidad, existen otros elementos vinculados a la credibilidad del Tribunal Electoral: su composición, el equilibrio que se desprende de esta, su grado de representatividad, y sobre todo la credibilidad y el prestigio del escogido, donde la improvisación, las preferencias y las ambiciones sectarias no tienen espacio.

Quien remplace a Erasmo Pinilla en el Tribunal Electoral tiene que poseer la confianza de la sociedad panameña, de un consenso de sus fuerzas, la experiencia que requiere el cargo, la credibilidad que exige, y no necesariamente tiene que pertenecer a un partido político. Ojalá el espacio que se abre sirva para tomar en consideración estos apuntes.

Lo ocurrido en la Asamblea Nacional la noche del pasado lunes 31 de octubre, dado los resultados, no deja de ser una novedad en el sentido del comportamiento casi imperceptible que han tenido los desacuerdos en los últimos periodos, considerando la prioridad que se ha dado a la gobernabilidad. Pero la responsabilidad no se puede confundir con el asentimiento sin crítica, si se considera que el referente de esa responsabilidad es, primero, la sociedad.

No se debía escoger un nuevo magistrado a tambor batiente sin considerar que en la actualidad el Tribunal Electoral está compuesto por un magistrado propuesto por el Partido Cambio Democrático, otro por el Panameñismo, y que el saliente es precisamente del Partido Revolucionario Democrático, que mantiene la bancada mayoritaria en la Asamblea; tampoco se podía si se considera que el propuesto, Alfredo Juncá, proviene de las filas del oficialista partido panameñista, que apoyándose en el pacto parlamentario, lograría contar con dos de tres magistrados en el Tribunal, rompiendo el equilibrio que requiere la composición de esa corporación; la designación no sería representativa, y en consecuencia atentaría contra la misma credibilidad del Tribunal.

Sí, fue el PRD el que trancó la posición, que podría verse como un contratiempo para el Gobierno de Juan Carlos Varela, pero que en justicia abre un espacio de razonamientos necesarios en busca de un consenso que lleve al Tribunal Electoral la mejor elección, y devuelve a la Asamblea una conducta de cierta independencia. En consecuencia, ha sido perfectamente coherente y legítima la ausencia del presidente de la Asamblea, Rubén de León.

Si el Gobierno del presiente Varela evalúa el hecho con justicia y sin pasión, sin revancha ni recelos, podrá confirmar que lo ocurrido la noche de este lunes 31, lleva la situación política del país del desencanto y la sospecha generalizada, a una concurrencia de voces y de actores que hace muchos meses vienen exigiendo actos que den credibilidad a la clase política.

Ocurrida tan solo a 24 horas después de concluido el X congreso del PRD, el choque ocurrido el lunes podría estar marcando un antes y un después en el comportamiento del Órgano Legislativo, y es posible que se agrieten viejas alianza, una situación preferible ante las alternativas de: una sociedad que exige más voz y más protagonismo vs un monopolio sin consenso.

PERIODISTA