Más beneficios para los jubilados y personas de la tercera edad tras aprobación del Proyecto de Ley 226

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó recientemente, en tercer debate, el Proyecto de Ley N.º 226, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 y amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.

Es importante aclarar que, aunque el proyecto ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, todavía debe completar el proceso constitucional correspondiente para convertirse en ley y entrar en vigencia.

Pasaron casi 40 años para actualizar las reglas del juego y ampliar estos beneficios, en reconocimiento a quienes dieron lo mejor de sí durante su vida productiva y hoy gozan de su merecido descanso. No es un secreto que algunos agentes económicos se niegan a otorgar los descuentos establecidos y otros recurren a distintas prácticas o interpretaciones, como ocurre con ciertas promociones en restaurantes o paquetes ofrecidos por hoteles y actividades de entretenimiento, como conciertos y cines.

Es allí donde las personas afectadas deben presentar sus denuncias ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), cuando consideren que un agente económico está incumpliendo la ley.

El texto aprobado mantiene una serie de descuentos en servicios, productos y actividades que ya están contemplados en la Ley 6 de 16 de junio de 1987, pero incorpora otros beneficios importantes y ampliamente solicitados por los beneficiarios, entre ellos:

30 % de descuento en medicamentos; 15 % de descuento en la tasa de interés máxima que la ley permita cobrar en determinados préstamos, y 15 % de descuento en la anualidad de tarjetas de crédito y débito.

15 % de descuento en pólizas de seguros contratadas para asegurar productos bancarios o financieros; 2 % de descuento en la tasa de interés de préstamos hipotecarios para vivienda propia, bajo las condiciones establecidas en la iniciativa, y 30 % de descuento en el servicio de agua para consumos de hasta $30 mensuales, cumpliendo los requisitos establecidos.

15 % de descuento en insumos y productos para la salud e higiene humana; 20 % en pañales desechables para adultos; 30 % en los servicios de internet y televisión por cable, para contratos residenciales de hasta $50, y 25 % en sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sillas de baño, camas hospitalarias y otros equipos de asistencia.

El proyecto establece que estos beneficios aplicarán a panameños y extranjeros con permiso de residente permanente que tengan 55 años o más, en el caso de las mujeres, y 60 años o más, en el caso de los hombres. También incluye a todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad.

La iniciativa busca actualizar los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 frente al aumento del costo de vida y las necesidades económicas de los adultos mayores.

Uno de los aspectos relevantes del proyecto es el fortalecimiento de las sanciones para las personas naturales o jurídicas que se nieguen a aplicar los descuentos y beneficios establecidos.

De convertirse en ley, la Acodeco podrá imponer multas de $500 a $10,000 por incumplimientos relacionados con estos beneficios. En caso de reincidencia, la sanción podrá duplicarse.

La iniciativa también establece un nuevo destino para los recursos provenientes de estas multas: el 50 % sería destinado al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados, mientras que el otro 50 % iría al Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social.

Una vez vigente la nueva normativa, será fundamental que los beneficiarios conozcan con claridad sus derechos y que los comercios, empresas y prestadores de servicios cumplan con las disposiciones establecidas.

En los casos de incumplimiento de los beneficios reconocidos por la legislación vigente, los consumidores pueden presentar sus denuncias ante la Acodeco, entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas de protección al consumidor dentro del ámbito de sus competencias.