Sobre los medicamentos

Han transcurrido 14 años desde que se aprobó la Ley 1 del 10 de enero del 2001, ‘Sobre Medicamentos y otros Productos para la Salud Humana’, con el objetivo principal de producirse más accesibilidad, mejores precios, más oferta y sobre todo que se mantuviera la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos que consume la población panameña. Nada de eso ha ocurrido, por el contrario, hemos vivido distintos eventos en contra de la seguridad farmacológica de los panameños, como el aumento indiscriminado de los costos de los medicamentos a toda la población y un desabastecimiento injustificado en el sector de la salud pública nacional.

Cada uno de los últimos cuatro Gobiernos, ha prometido, de distintas maneras, a los ciudadanos de este país que impulsará las medidas administrativas necesarias para acercar los medicamentos a la población con precios razonables y justos; sin embargo, una vez llegaron al poder, se olvidaron de la promesa a su pueblo y efectuaron actos como: decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales e institucionales, que flexibilizan la Ley 1 del 10 de enero de los medicamentos. Lo que lograron con estas actuaciones fue favorecer al mercado abastecedor de los medicamentos y comerciantes locales que brindan sus ofertas en las distintas farmacias de todo el país, como también al sector de salud pública; sin que exista una verdadera fiscalización de los precios para proteger a su población de la alta especulación en que hemos vivido durante estos últimos 14 años en materia farmacológica.

Han transcurrido siete meses desde que el nuevo Gobierno ha asumido su responsabilidad constitucional de administrar la accesibilidad y seguridad sanitaria de los panameños en materia de medicamentos. Esperamos deseosos que se brinde la justicia esperada por las familias afectadas por el mal uso de medicamentos que afectó a sus neonatos; que impida a comerciantes especulativos seguir jugando con el sistema de salud pública en las ofertas de los medicamentos; y que la Ley 1 sobre medicamentos sea saneada para regresar a su génesis, por lo menos, de garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos, ya que observamos muy distante la posibilidad de mejorar la accesibilidad de los medicamentos a la población, ante los grandes intereses económicos que tienen secuestrada a la salud pública.

Es el momento de que la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas sea más activa en sus funciones en materia de control y fiscalización de los productos para el consumo humano, como son los medicamentos. Esta institución tiene la responsabilidad, según la Ley 1 sobre Medicamentos, de regir todo lo relacionado en esta materia, para garantizarle a la población accesibilidad de productos a precios justos, con la calidad, seguridad y eficacia recetada.

Los ciudadanos asegurados o no, en el sector público o privado, tenemos derechos a consumir con seguridad medicamentos producidos en laboratorios con altos estándares de calidad, certificados y avalados como establecen las normas nacionales en materia de medicamentos. Debidamente verificados por nuestros laboratorios de referencia, y comercializados, luego de un monitoreo a los precios del mercado doméstico y mundial que debe hacer la ACODECO; para de esta manera poder garantizar precios justos a la población y al sistema de salud pública.

ACTIVISTA SOCIAL.