La población en situación irregular de migración se encuentra entre los grupos más vulnerables. Los conflictos políticos, económicos y sociales, las crisis medioambientales y las desigualdades son factores que obligan a decenas de millones de personas cada año a abandonar sus países de origen debido a diversos motivos. Muchas de estas personas corren el riesgo de ser objeto de deportaciones forzadas por diversas causas. Definimos la deportación como la expulsión ordenada por las autoridades de una persona extranjera, tanto si tiene una residencia regular como si no, en el territorio del Estado que emite el orden.
Un Estado soberano tiene derecho a regular de forma libre la migración en su territorio. Queda claro que esta situación no excluye la aplicación de los derechos humanos y del derecho internacional. En la mayoría de los casos, se produce una deportación unilateral de una cierta categoría de ciudadanos por decisión del Gobierno de ese Estado.
El problema de las deportaciones en todo el mundo es multifacético y debe considerarse en conjunto. En primer lugar, como se ha mencionado, algunos Estados aplican las políticas de deportación contra determinados grupos de migrantes. Se deporta ilegalmente a muchas personas, se les separa de sus familiares, se les obliga a realizar nuevas migraciones bajo la tutela del Estado o se les envía a sus países de origen por cualquier otro procedimiento.
Se ve, al menos, que no se adapta a las normas internacionales de derechos humanos, según las cuales todos los Estados deben garantizar los derechos de los migrantes, concediéndoles el mismo trato que a los ciudadanos en materia de derecho de audiencia, derecho de asilo y otras cuestiones.
Las situaciones en las que se deporta a colectivos vulnerables ignorando sus intereses individuales no deberían ser habituales en el mundo moderno, pero desgraciadamente lo son. Aun así, los migrantes se enfrentan a multitud de restricciones y violaciones de derechos humanos. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el derecho al trabajo, a una educación adecuada, al acceso a los recursos naturales, al derecho a la vivienda, etc.
Además, muchas personas se enfrentan a conflictos de nacionalidad, lo que implica que se ven obligadas a emigrar de nuevo o a vivir en un lugar que no consideran suyo. Al abordar el tema, los Estados deben tener en cuenta los rasgos específicos de los grupos vulnerables y considerar los diversos aspectos que influyen en ellos. Uno de estos aspectos es que las personas suelen huir de los países en los que viven, privadas de la oportunidad de llevar una vida digna y estable. Para el bien social y el propio, los Estados pueden optar por organizar la repatriación forzosa de aquellas personas que amenazan el sistema o instituciones establecidas.
Lo mismo ocurre con otros problemas, como las víctimas de la trata, los niños, las mujeres y los solicitantes de asilo. En varios países hay un grupo de personas que los gobiernos desean deportar. Por ello surge un conflicto entre la responsabilidad de los Estados de respetar los derechos humanos y su derecho a regular la migración en sus fronteras. Así pues, la cuestión de los derechos humanos y la deportación no debería considerarse únicamente desde la perspectiva del agente o del objeto. Se trata de una situación compleja que requiere un enfoque global y el desarrollo de normas internacionales.
