De lo que nadie quiere hablar

Al finalizar este año habrán cruzado el Tapón del Darién unos 500.000 inmigrantes, provenientes de Colombia. El fin último de esa incontrolable ola humana es llegar a Estados Unidos, todavía considerado por muchos como el sueño americano con el que aspiran reemplazar las especies de infierno que viven, sobre todo Venezuela, donde se concentran la gran mayoría de los que hacen esa terrible travesía.

Pero, en esos grupos se cuentan chinos, africanos y muchos colombianos también, colándose entre ellos delincuentes, inclusive algunos con otro tipo de propósito, como terroristas que se infiltran para impulsar sus radicales ideas. En los puestos fronterizos con Colombia no existe control alguno para verificar si el que entra lo hace o no con fin criminal ulterior y si tiene una hoja de vida manchada con algún delito.

Así como Panamá está pagando un gran precio por esta desmesurada masa de migrantes en términos de daños al medio ambiente de la selva darienita y en el desembolso en gastos operativos para atender tal multitud de visitantes carentes de recursos, hay quienes están lucrando inmisericordemente de esta desgracia humana, tanto de lado de Colombia como de Panamá.

He señalado en el pasado que solo para transportar del Darién a la frontera con Costa Rica a un costo de $40 por persona, el gasto anual supera los $20 millones, sin contar con el negocio de alimentar a quienes llegan a nuestro territorio. En ese negocio hay hasta diputados panameños, así como grupos criminales que lucran como coyotes en este incontrolable tráfico humano.

El problema radica en que en Panamá, al igual ocurre en Costa Rica, a nadie en la sociedad le preocupa lo que este problema significa. Así lo vemos en la mayoría de los candidatos presidenciales que, con excepción de Martín Torrijos, han hecho referencia al problema.

Expertos en Costa Rica, señalan que se estima que, de todo ese volumen de inmigrantes, al menos 1% de ellos se quedan en los países que atraviesan, en su mayoría delincuentes, que penetran la estructura criminal local y que podrían ser factor determinante en el aumento de episodios violentos y el incremento de crímenes en el país. Ya lo ven países como Chile, Ecuador y Perú, donde el temido grupo criminal venezolano, el Tren de Aragua se ha infiltrado en las estructuras del delito en esos países.

Al inicio de la década anterior, el dictador Nicolás Maduro, sin desparpajo alguno, promovió el éxodo masivo de hondureños hacia los Estados Unidos, como forma de crear problemas a su llamado enemigo imperialista. En varios meses de 1980, Fidel Castro impulsó a través del puerto de Mariel el éxodo de todo aquel que quisiera salir de Cuba, hacia Estados Unidos, creando grandes problemas a las autoridades del estado de Florida, por la cantidad de inesperados visitantes, entre ellos criminales y espías del régimen castrista, que arribaron a sus costas.

En la actualidad, como argumento para no impedir el tráfico por Colombia de los inmigrantes venezolanos, Gustavo Petro señala como culpable de ese éxodo a las sanciones de Estados Unidos impuestas al régimen de Maduro. Es harto conocido que la tragedia en Venezuela se origina por los miles de millones de dólares robados del Estado por los cercanos a Chávez y Maduro y el estrepitoso fracaso de sus populistas programas sociales.

Esto hace evidente que en el fondo del problema hay razones de geopolítica que promueven el desequilibrio de lo que esos dan por llamar el imperialismo yanki. Mientras ello no se tome en cuenta, seguirá el país dando tumbos sobre el cómo afrontar esta crisis que, si bien en ciudades como Panamá y Colón parece a nadie importar, ya afecta a ciudades como David y Paso Canoas, donde las autoridades carecen de herramientas para atender un problema en permanente aumento.

Panamá se ha aislado tanto de Colombia como de Costa Rica. Ha procurado, como tantas veces, que sea Estados Unidos quien nos diga cómo resolver el problema que crece diariamente con la ola de inmigrantes que nos llega. Urge tomar medidas concretas buscando acuerdos multilaterales con nuestros países vecinos y Estados Unidos, a fin de que entre todos ayudemos a darle algún sentido de cómo resolver esa gran movilización humana, convertida en negocio para unos pocos desalmados.

Como parte del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado en Naciones Unidas en el 2018, Panamá debe permitir el paso por su territorio de todo aquel que lo cruce por razones humanitarias.