Ni una menos

Anualmente miles de mujeres en el mundo pierden sus vidas a manos de sus parejas o excónyuges. Muertes violentas que dejan luto y dolor en los hogares panameños y avivan el clamor de los movimientos civiles y defensores de los derechos humanos que año tras año demandan a los Gobiernos la aplicación urgente de herramientas criminológicas, jurídicas y de seguridad que salvaguarden la vida y la integridad personal de las víctimas y sus familiares, faciliten el acceso efectivo a la justicia a las mujeres y eviten la impunidad, real o simbólica, asentada en prejuicios arraigados en el imaginario colectivo, que suele acompañar estos crímenes.

Las cifras mundiales son alarmantes, según estimaciones de la ONU Mujeres, el 35 % de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por sus compañeros sentimentales en algún momento de sus vidas. Cada hora cinco mujeres son brutalmente asesinadas por su pareja sentimental o por un miembro de la familia; y en los últimos seis años, en Panamá, bautizada como “la Singapur de las Américas”, pero tan desigual como Afganistán o Nigeria, se ha reportado más de un centenar de muertes violentas por razones de género. Crímenes de odio precedidos, en más de una ocasión, por denuncias previas que fueron desoídas o archivadas. Sin duda, una costra difícil de desprender, pues no hay peor tragedia que aquella que pudo ser evitada.

Tan solo entre enero a octubre de 2020, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, se registraron 26 femicidios, 3 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas de mujeres, que no fueron calificadas como femicidio. El panorama en Latinoamérica, la segunda región con mayor tasa de víctimas de violencia contra la mujer, es poco alentador y se vislumbra un horizonte dantesco en los próximos años.

La violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones es un problema de salud pública, que reclama no solo acciones represivas y preventivas, sino también la incorporación en los protocolos de investigación de herramientas criminológicas, forenses y jurídicas que reflejen los estándares internacionales en materia de perspectiva de género, salud mental, prevención de la violencia machista, justicia restaurativa y valoración del riesgo de violencia.

Detrás de cada muerte violenta de mujeres hay un rosario de llamadas de auxilio que no fueron escuchadas y el silencio sepulcral de una sociedad indiferente que tiende a banalizar la violencia, haciéndose instigadora y cómplice del abuso sistemático que padecen las mujeres. Más allá de las cifras, el coste psicológico y socioeconómico que padecen las víctimas sobrevivientes es incalculable, y la respuesta de los Gobiernos, siempre tardía y a medias, refuerza el ciclo de violencia perpetuando la asimetría entre hombres y mujeres.

Definir la violencia contra la mujer es una tarea compleja y no siempre exenta de críticas. Por otro lado, la redacción del tipo penal y sus agravantes, no en pocas ocasiones y es justo advertirlo, suele prestarse desafortunadamente para interpretaciones ambiguas, contradictorias y anacrónicas que van en desmedro de las víctimas, revelándose una suerte de penalización basada en los afectos, al margen del estudio criminológico y psicopatológico de la conducta perversa desplegada por el agresor. A falta de filtros en la admisibilidad de las pruebas científicas, los procesos judiciales de violencia de género acaban siendo una verdadera pesadilla para las mujeres, a las que se les reclama un “performance” victimizante perpetuo, una credibilidad de acero y la paciencia estoica de quien reniega el peligro inminente; mientras que, al agresor, resguardado de cualquier situación que pueda eventualmente poner en peligro sus garantías procesales, terminar por verse beneficiado frente a la víctima, la cual debe luchar por sobrevivir ante el desdén de una sociedad que no la piensa, no la escucha, no la siente, ni se ocupa de ella.

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, es propicio reiterar a nuestros gobernantes las acciones planteadas por las Naciones Unidas para prevenir y reparar la violencia contra las mujeres, en el contexto de la COVID-19. Acciones que habría que decir, no son una panacea, pero que ayudarán a mitigar el problema, permitiendo gestionar de manera eficiente y transparente los recursos necesarios para proteger a las mujeres y niñas. Las Naciones Unidas proponen a los Gobiernos aumentar los fondos destinados a las organizaciones de derechos de las mujeres; garantizar la prestación de los servicios sanitarios y sociales para las mujeres y las niñas sobrevivientes; priorizar la respuesta policial y judicial, adoptando medidas de seguridad basadas en la evaluación de riesgo; y aplicar medidas preventivas, dirigidas a reducir los actos de violencia machista. Y a esto agregaría, para contextualizarlo a nuestra realidad, más voluntad política y espacios de participación ciudadana y menos improvisación y corrupción.