Ordenar la casa

Los problemas más graves del país en este momento son la falta de empleos formales, el déficit del programa de IVM de la CSS, y el desorden en las finanzas públicas. Esta radiografía, aunque muchos la conocen, pocos la sienten, y solo hasta que al panameño promedio le dejen de regalar el bono solidario y los bancos levanten la moratoria, y todos tengan que pagar por igual lo suyo y las empresas despidan 10-20 % de su planilla, porque la economía no se recupera, es allí cuando se verá en realidad si estamos hecho de madera sólida o papel cebolla.

Ahora, más que nunca, necesitamos de un estadista en la silla presidencial. Nadie quiere ver a Panamá convertida en una Colombia, pero tampoco queremos ser una sociedad parásita que depende del Gobierno para todo. Y no es justo, porque, cuando en nuestros hogares no nos alcanza el dinero, lo primero que hacemos es cortar los gastos innecesarios, alumbrarnos con mecha y generar nuevos ingresos.

Desafortunadamente, aquí no se ha hecho nada de esto. Al contrario, hemos hecho caso omiso a las calificadoras y sido parcos en la contención del gasto. El actual modelo económico, a base de incentivos y privilegios, que mantenemos desde el inicio de la República, es insostenible. Y antes eran industrias, bancos y corporaciones las que pedían y recibían exoneraciones y canonjías, pero ahora son ciudadanos a los que se les regala todo tipo de subsidios y dispensas.

Beca universal, 120 a 65, Ángel Guardián, intereses preferenciales y bono de $10 mil para cualquiera que compra una casa. Al turismo le dan 25 años de exoneración (en otros países llegan hasta 10 años). Los puertos no pagan impuestos sobre la renta; pagan solo por el movimiento de contenedores y eso es una guayaba. La CSS recibe casi $600 millones en subsidios y aumentos de todas las clases. El sistema de transporte, desde el tren, los autobuses y los taxis, está subvencionado por el Gobierno. La electricidad, el tanque de gas para cocinar y las hidroeléctricas tienen subsidios. La Ciudad del Saber está llena de regalos y los “call-centers” no pagan nada. Los corredores reciben ganga; a Pycsa se le garantizaron ingresos y si no llegan, el Gobierno tiene que pagarlos.

La minería paga 2 % de sus ingresos al Estado, cuando en Chile y otros países es más del 30 %. Pero, además todos sus gastos e inversiones son deducibles. Las cooperativas tienen incentivos y la actividad de reforestación también recibe incentivos. Increíble que los diplomáticos, los exdiplomáticos, los diputados y los magistrados todos reciban incentivos.

El año pasado, el Gobierno repartió $2800 millones entre 97 tipos diferentes de subsidios a empresas, ciudadanos, instituciones públicas, partidos políticos, clubes cívicos y organizaciones de todo tipo. Y, sin embargo, aún no entendemos que el dinero es finito. El año pasado, se presentó una ley de “leasing” inmobiliario para que la gente pudiera comprar su casa, pero, en el camino y en el calor de la discusión, se usó el proyecto para dar incentivos no solo al comprador, sino también a las constructoras y promotoras. Como dijo un economista en días atrás: “Ese proyecto se hizo sin el aval del MEF y es la peor decisión aprobada durante este Gobierno en materia fiscal”. También, hace unos días, se aprobó una ley para incentivar el turismo en el interior de la República, donde prácticamente el Gobierno paga la inversión.

Luego de analizar en retrospectiva a donde hemos llegado, es evidente que todos, como sociedad, somos responsables del daño que hemos causado a las finanzas públicas, por erosionar año tras año la base fiscal y pensar que todavía podemos seguir ordeñando sin que haya consecuencias.

Está bien que el Gobierno ceda tierras y otorgue ventajas de 5 y hasta 10 años, pero pretender que cargue con todo, eso es otra cosa. Por tanto, hay que revisar todos los incentivos tributarios actuales, ponerlos en contexto y decidir lo que es mejor para el país. Por ejemplo, proponemos otorgar becas a los estudiantes según sus méritos, así como también a los primeros tres puestos de sexto año de secundaria para continuar estudios universitarios. Igualmente, los dineros regalados en los programas de 120 a los 70, Ángel Guardián y Beca Universal, no se deben utilizar para casino, lotería, licor, sodas ni cigarrillos. Y también que los alimentos saludables como frutas y vegetales, cuyo consumo podría ahorrarle más de $800 millones al país en gastos médicos todos los años, deben recibir exoneraciones y subsidios para que estén más asequibles a la población. Como ven, no es un tema de regalar por regalar ni tampoco de cortar por cortar. Aquí hay que ser sensatos y permitir la revisión completa de las finanzas públicas para ordenar la casa.