Panamá, no todo lo que brilla es oro

Se puede cuestionar la certeza de si el general Noriega expresó recientemente su preocupación por la democracia en nuestro país. De ser cierta, sorprende esa afirmación viniendo de un hombre que nunca la respetó.

Más no se requieren facultades de adivino para percibir con preocupación los vientos que con fuerza creciente golpean amenazantes lo poco que obtuvimos de democracia en Panamá tras la invasión norteamericana en 1989.

Nuestra clase política, carente de metas superiores, persiste en cometer los mismos errores que costaron ayer dolor, sangre y vidas.

Por el espejismo del desarrollo económico que ha alcanzado la nación con las obras magnas que se ejecutan y están cambiando el perfil del país y creando fuentes de trabajo; con la ejecución de obras sociales en beneficio de los más desposeídos y otras acciones de positivo impacto que nos impulsan, la dirigencia política se ha cegado y perdido el mundo real que tiene bajo sus pies, en donde problemas muy serios en la educación, salud, transporte, seguridad, acueductos, aguas servidas, honestidad pública e irrespeto a la institucionalidad democrática hacen miserable la vida del panameño y las protestas, cada vez más masivas, son pan nuestro de cada día.

La médula del problema está en los partidos políticos, que han perdido su Norte y su razón de ser. Sin ideología ni docencia política para renovar sus cuadros, están divididos internamente por las ambiciones de líderes cuyo ego los pega como lapas a las dirigencias.

Por ese accionar surgió una Asamblea General —capaz de violar la Carta Magna e imponer a un candidato a la Alcaldía—, foro que ha terminado siendo un club de intereses personales que ha llegado a menospreciar olímpicamente tanto a sus electores como a los partidos políticos que representan y por los cuales alcanzaron la curul; que ha hecho del transfuguismo un fenómeno que alcanza hoy ribetes de suicidio político y de crimen a la Democracia.

Así llegamos a donde estamos: que el presidencialismo domine y manipule a los otros poderes del Estado y a que no haya Justicia, al extremo que dos ejemplos insolentes sean inolvidables: el caso CEMI, que señaló actores de compraventa de conciencias, acusaciones hechas por un diputado que hoy, a casi diez años, recurre y exige la prueba del detector de mentiras (y nadie hace caso) para confirmar las acusaciones en donde involucra incluso a un expresidente; y el otro, con un mensaje más negativo: que la vida humana vale un centavo, como lo grita la ausencia de definiciones de responsabilidad y castigo en el genocidio del dietilenglicol y por cuyos efectos, años después, aún claman respuesta, en plazas y corrillos, familiares y afectados que sobreviven.

En este caos ha surgido el agravante de la crisis institucional en la fuerza armada, que la ha llevado a confrontar —e ignorar por completo en un acto público— a la autoridad civil ministerial que, en un país democrático, está legalmente por encima de ella. Evitar un drama nacional mayor y lamentaciones exige de rectificaciones a nivel político, urgentes, perentorias.

*CARDIÓLOGO