Panamá ante la tentación del tutelaje globalista

Hay épocas en las que un país se extravía de manera abrupta, entre crisis, rupturas institucionales o estallidos sociales. Hay otras, quizá más peligrosas, en las que se va deslizando, lentamente, hacia una forma de renuncia sin estridencias. Panamá, a mi juicio, vive hoy ese segundo proceso: una cesión paulatina de criterio, soberanía y confianza, frente a un entramado de ideas, organismos, agendas y burócratas que han aprendido a hablar en nombre del progreso mientras vacían de contenido la libertad. Me refiero al fenómeno de la sustitución del interés nacional por marcos importados, del juicio propio por la obediencia técnica, y de la responsabilidad cívica por la administración burocrática de la sociedad. En otras palabras, a la penetración de un globalismo que no se presenta como imposición, sino como obligación moral.

Panamá, por su posición geográfica, vocación comercial e historia abierta al mundo, siempre ha convivido con influencias externas. Eso, ni es nuevo ni negativo. El problema surge cuando esa apertura deja de ser una ventaja estratégica, se convierte en docilidad cultural y política, y el país deja de filtrar lo que recibe según sus propias prioridades, acomodándose a agendas ajenas como si fuesen incuestionables. Allí ya no hablamos de inserción sino de subordinación internacional.

En ese terreno ha prosperado, por un lado, una clase política cerrada y endogámica, acostumbrada a convertir el Estado en patrimonio “a repartir” y, por otro lado, una red de discursos globales, que legitiman más intervención, regulación, dependencia y moralismo administrativo, y que han entendido que la nueva forma de poder ya no consiste solo en repartir cargos, sino también en controlar el lenguaje con el que se define lo aceptable. Así, conceptos como “gobernanza global”, “sostenibilidad”, “enfoque de derechos”, “equidad”, “igualdad de género” o “transición” dejan de ser categorías de debate y pasan a funcionar como credenciales de superioridad moral. Todo lo que se opone a esa gramática queda automáticamente cuestionado, sospechado y hasta rechazado. El resultado no es una sociedad más libre ni más justa, sino una sociedad más vigilada por consensos artificiales.

Parte importante de esta deriva ha sido alimentada por un globalismo que, en vez de fortalecer a Occidente, ha contribuido a debilitarlo atrapado, durante años, entre la culpa histórica, la burocratización y la pretensión pedagógica de corregir al mundo, mientras la ONU, en lugar de corregir ese extravío, con frecuencia lo ha amplificado mediante una hipertrofia normativa cada vez más distante de los problemas concretos de las naciones. Lo paradójico es que ese globalismo retórico no solo no ha contenido a los regímenes autoritarios, sino que, muchas veces, les ha despejado el camino. Mientras ese Occidente moralista y autoflagelado se entretiene en vigilarse a sí mismo con un celo doctrinario, actores no democráticos como Rusia, China, Irán, o Corea del Norte, -junto a todos sus satélites ideológicos-, aprovechan la fatiga política, económica y moral de las democracias occidentales para expandir influencia, relato y poder. La ingenuidad del globalismo ha desarmado a los países hacia adentro y hacia afuera.

En Panamá, esa tendencia adquiere formas muy concretas, como el crecimiento incesante del aparato estatal, la asfixia regulatoria sobre el capital productivo, o la expansión de una cultura de subsidio que, lejos de emancipar al ciudadano, lo acostumbra a depender. Se ha normalizado que el Estado invada cada vez más espacios, como si toda dificultad social pudiera resolverse con más oficinas, funcionarios, controles y deuda, olvidando que el país no se fortalece cuando sustituye energía productiva por administración política de la escasez.

El empresario no puede seguir siendo tratado como sospechoso, mientras el funcionario estatal lo es como referente moral. Una nación pequeña, abierta y competitiva como Panamá no tiene futuro en el estatismo. Su fortaleza está en la iniciativa privada, la seguridad jurídica, la inversión, el trabajo productivo y la capacidad de generar riqueza sin pedir permiso permanente a estructuras burocráticas nacionales o supranacionales. Esto no significa negar problemas ni defender privilegios, sino recordar una verdad básica que demasiados prefieren olvidar: sin libertad económica, propiedad segura, ni empresa privada, no habrá libertad duradera, una ciudadanía robusta, ni prosperidad sostenible. El Estado tiene funciones indispensables, pero cuando pretende convertirse en rector moral, empleador masivo, redistribuidor permanente, o tutor cultural del ciudadano, termina degradando la economía y la sociedad.

Esta reflexión solo es útil si desemboca en propuestas. Panamá necesita desburocratizar seriamente su economía, revisar regulaciones absurdas, reducir gasto improductivo, contener el crecimiento del funcionariado, racionalizar subsidios crónicos, o disminuir una deuda pública que compromete la autonomía futura. También precisa recuperar una conversación cultural más honesta en la que se pueda defender el mérito, la responsabilidad individual, el orden institucional y la soberanía, sin ser inmediatamente “excomulgado” por los auto proclamados “guardianes de la corrección ideológica”.

En definitiva, se trataría de volver a pararnos frente al mundo con criterio propio para no convertirnos en una “provincia mental” de agendas confeccionadas fuera de nuestras fronteras, o en un país resignado al que otros le expliquen qué debe producir, pensar y hasta qué considerar virtuoso. Si algo necesitamos en esta hora es menos tutelaje y más madurez nacional. Panamá todavía está a tiempo de corregir el rumbo y para hacerlo debería abandonar la comodidad del discurso importado y recuperar el propio, no para aislarse, sino para defender, -con lucidez y firmeza-, aquello sin lo cual ninguna república merece ese nombre: la libertad.