Las acciones de la Contraloría se dan tras más de un mes de huelga en el sector docente que arrancó formalmente el pasado 23 de abril

Los problemas tienen un orden jerárquico. En nuestro caso, los encabeza la amenaza existencial contra Panamá y nuestro canal. Sigue el asunto de la Caja de Seguro Social y el futuro de la mina de cobre. Ambos, temas que merecen un tratamiento urgente y decisivo. Entretanto, combatir la corrupción pública que tanto cuesta a todos, especialmente a los más vulnerables, y que nos disminuye frente al extranjero. Finalmente, un tema que cubre transversalmente los demás, el fortalecimiento institucional tan debilitado en las últimas administraciones presidenciales por la irresponsabilidad de líderes políticos.
Panamá vivió su peor amenaza externa en enero de 1964 y los enfrentamientos violentos de las fuerzas policiales y militares estadounidenses en la Zona del Canal contra el pueblo desarmado, seguido del rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos decidido por el presidente Roberto F. Chiari, cuyo resultado final fueron los tratados Torrijos-Carter de 1977 que resolvieron nuestro defecto histórico original. Después, fue la cruenta invasión militar estadounidense del 19-20 de diciembre de 1989 que instaló una democracia liberal deficiente.
Ahora lo vivimos cuando el presidente de Estados Unidos profiere graves amenazas contra nuestro país, nuestra soberanía y manifiesta su intención de “tomarse el canal de Panamá” en contravención del Tratado de Neutralidad del Canal y del derecho internacional, declaraciones refutadas con vigor por el presidente José Raúl Mulino. Deberíamos priorizar la conformación de un sólido frente de unidad nacional para defender la soberanía y nuestro canal, buscar más apoyo multilateral y relegar a un lugar subalterno las desgastantes luchas políticas internas.
La Caja de Seguro Social, botín de políticos empoderados, al borde del colapso administrativo y financiero, tenía solución, al fin, mediante una propuesta más sensata de legislación por parte del gobierno que después de meses de consultas populares llevó a la Asamblea Nacional. Esta adoptó una ley intermedia que mejoró la situación, pero postergó nuevamente la solución definitiva. Mantiene la edad de jubilación a pesar de que la esperanza de vida ha aumentado 15 años en medio siglo y exige un sacrificio presupuestario multimillonario a la mayoría, contribuyente fiscal, para pagar las pensiones de la minoría. Sobresale la oposición de un núcleo extremista que apenas superó el 1 % de los votos en las últimas elecciones generales, que quiere imponer con violencia un sistema político-social ya fracasado en el vecindario internacional. Oposición acompañada por grupos diversos de políticos oportunistas. El resultado es el desempleo y la pobreza de miles de panameños, como acaba de ocurrir con empresas bananeras en Almirante-Changuinola. ¿Quién ganó más poder político en Bocas del Toro?
Igual sucedió con la mina de cobre en una región remota y poco poblada, que producía 5 % del PIB, representaba 68 % de las exportaciones de bienes y generaba más de 50.000 empleos directos e indirectos. Un ambientalismo irracional, demagógico, se impuso sobre un gobierno débil, irresponsable y corrupto que concitó mucho rechazo estructural, y una ideología delirante incita a gente con una educación deficiente a oponerse a una actividad económica que crea muchas riquezas y empleo. ¿Hubo manifestaciones de “ambientalistas” contra la falta de agua potable, la contaminación sanitaria, auditiva y visual, la basura, cerro Patacón, en ciudades donde vive la mayoría de la población?
La lucha frontal contra la corrupción pública, tarea prioritaria en un Estado que otorga privilegios exorbitantes a funcionarios y políticos, encuentra el mayor obstáculo en la Asamblea Nacional, que pareciera estar dominada por diputados que viven del populismo y del clientelismo con generosos fondos públicos. Hasta ahora no ha mejorado su propio reglamento interno que favorece la corrupción y tampoco ha adoptado la ley de extinción de dominio. Al contrario, diputados pretenden pasar una ley de amnistía para delincuentes comunes de alto perfil quienes evaden la justicia. Los grupos políticos radicales ambientalistas, “originarios”, sindicales y docentes, aunque tienen pleno derecho a protestar, realizan acciones violentas, ilegales, que perjudican a una mayoría pacífica y traen miseria y desempleo. Analistas dicen que la gente protesta por diversas causas acumuladas, incluyendo la economía y la corrupción. Pero también nos preguntamos: ¿Hay manifestaciones para exigir el cese de la corrupción en la Asamblea Nacional, en gobiernos locales y otras entidades?
En esa Asamblea Nacional, en la mira del contralor general para eliminar los miles de funcionarios que cobran sin trabajar, evitan combatir la corrupción pública que resta recursos para resolver los ingentes problemas sociales. Corrupción pública que ha contaminado el sistema educativo, uno de los peores del continente, con los docentes mejor retribuidos, con gremios acostumbrados a largas “vacaciones” pagadas, que utilizan cualquier pretexto para evitar trabajar, afectando a los estudiantes. Corrupción presente en un sindicalismo mafioso y en universidades públicas que ocupan lugares muy secundarios en la clasificación de Latinoamérica y el Caribe y que han copiado los mismos defectos de los partidos políticos para crear costosas estructuras clientelares. ¿Dónde están las grandes manifestaciones para exigir educación de verdadera calidad hasta en las universidades públicas, mejor selección y evaluación de docentes, mejores infraestructuras escolares y un Ifarhu limpiado de corrupción?
Finalmente, mencionemos la debilidad institucional que ha prosperado en Panamá, país dual (desarrollado vs. subdesarrollado) y muy inequitativo, que debería resolverse mediante fuerte voluntad política. Debemos inspirarnos en lo que hacen naciones que vivieron una situación económico-social peor que nosotros hace medio siglo y que nos superan varias veces, como Singapur, lo que las ha hecho, además, merecedoras de mayor respeto en el ámbito internacional.
Estamos en una encrucijada: continuar con cambios cosméticos que contentan a grupos e individuos con agendas particulares que manipulan con la complicidad de algunos medios a una masa poco y mal educada, o cambiar radicalmente, modernizarnos para elevarnos al sitio que merecemos nosotros y nuestros descendientes.