Panamá: líder mundial en contrabando de cigarrillos

En muchos países, la regulación extrema contra los productos derivados del tabaco, lejos de disminuir su consumo, ha disparado su contrabando. Panamá no escapa de esta realidad y mientras el Ministerio de Salud (Minsa) asegura que el país es líder en la reducción de consumo de tabaco y en la puesta en marcha de estrategias para la cesación del fumado, la evidencia indica que en los últimos años en Panamá se ha incrementado el contrabando de productos derivados del tabaco, provocando que el 80 % de los cigarrillos fumados en nuestro país sea ilegal y, por ende, carente de todo control. En números claros, esto quiere decir que de cada 100 cigarrillos que se fuman en Panamá, 80 provienen del mercado negro.

Este dato lo cita el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, como argumento para objetar el Proyecto de Ley 178, “que establece un marco legal de prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina”.

Pero el problema es mucho más grave y profundo, en el cual encontramos dos realidades que motivan dificultad. Primero, determinado a lo planteado en el Veto del presidente al Proyecto de Ley 178, el contrabando de productos derivados del tabaco representa alrededor de 165 millones de balboas anuales, si se toma en cuenta que cada cajetilla de cigarrillos ilegales es vendida en un precio aproximado de tres balboas.

El dinero producto del contrabando de cigarrillos pasa a ser lavado a través de nuestro sistema financiero o mediante el lavado de bienes, basado en intercambio comercial, lo que produce efectos negativos para el país y se traduce en la inclusión de la República de Panamá en listas negras internacionales de todo tipo. Sin hablar de los más de 100 millones de dólares al año que deja de percibir el fisco y que podrían ser destinados a la construcción de hospitales, escuelas o centros de rehabilitación.

Segundo, toda vez que el número de fumadores se calcula sobre la base del mercado lícito de cigarrillos, que, de acuerdo con las cifras oficiales, abarca solo el 20 % del comercio total, se puede fácilmente deducir que el porcentaje declarado por el Ministerio de Salud, como cifra oficial de fumadores, está subestimado. Por ende, la realidad en Panamá es otra. Panamá no es líder en bajo consumo de cigarrillos, pero sí lo es en el contrabando de estos productos.

Lo arriba planteado es sobre cigarrillos de combustión. La historia con los productos electrónicos es otra. Y es aún más severa. El Minsa mantiene una prohibición total sobre estos productos, lo que no solo genera un 100 % de contrabando de cigarrillos electrónicos, sino que condena a los fumadores, que no puedan dejar de fumar, a utilizar solo cigarrillos de combustión, que son el producto de nicotina más dañino actualmente.

Mientras que, en países como EE. UU., Reino Unido y Nueva Zelanda, entre muchos otros, los dispositivos electrónicos son considerados una alternativa para la promoción y la protección de la salud pública, por estar demostrado que emiten una cantidad considerablemente menor (en el orden de un 95 %) de toxinas nocivas o potencialmente nocivas en el cuerpo, en Panamá la propia entidad encargada por velar de salud la nación asegura que “un cigarrillo y un vapeador son lo mismo”.

Sin lugar a duda, lo mejor es no consumir ningún producto que contenga nicotina, pero la realidad es que los fumadores que buscan alternativas al cigarrillo tradicional tienen el derecho constitucional a contar con opciones que sí están permitidas en otros países y representan un riesgo reducido. Panamá está cerrada a esto, dejando sin opciones a los fumadores en su proceso de abandonar el cigarrillo de combustión por una opción electrónica.

Por estas situaciones, queda demostrado que las regulaciones extremas, lejos de ayudar a los fumadores, los condenan a morirse fumando y provocan más contrabando, creación de mercados negros, lavado de activos, afectando nuestra reputación como país y las oportunidades de desarrollo de nuestro “hub” logístico.

Y por supuesto, a los fumadores se les violan sus derechos fundamentales, establecidos en la Constitución, que permiten a los panameños valerse de los progresos científicos para reducir el daño del tabaquismo, y atenta contra lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Constitución, referentes a que todo individuo tiene derecho a la salud y, a fin de garantizar la misma, los Estados deben adecuar su sistema.