Panamá y China: cuando el respeto a la institucionalidad se pone a prueba

Lo ocurrido en Panamá durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) no fue un simple roce diplomático ni la defensa previsible de una empresa china. Fue una intromisión en un asunto interno del país y, más grave aún, una presión sobre un punto especialmente sensible para cualquier democracia: la independencia de su Corte Suprema de Justicia y el derecho de un Estado a resolver sus controversias conforme a su Constitución, sin que una potencia extranjera venga a decirle qué fallo debe aceptar y cuál debe corregir.

Que el representante de la República Popular China le dijera a Panamá que debía “corregir sus errores” ya era, por sí solo, un exceso. Pero el asunto cruzó una línea todavía más delicada cuando Xie Feng calificó como un error la decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company en 1997 y la prórroga automática de 2021, e insinuó además que esa decisión tuvo una motivación política. No se limitó a expresar inconformidad por un fallo que afectó a una empresa vinculada a su país, sino que decidió descalificar públicamente a un tribunal independiente y, en los hechos, pedir que Panamá revirtiera una sentencia judicial para proteger intereses chinos. Eso no es diplomacia; es presión.

Ese es, precisamente, el centro del problema, porque una cosa es que un Estado defienda a sus empresas o exprese su malestar por una decisión que considera perjudicial y otra, muy distinta, es que pretenda que el gobierno de otro país corrija un fallo de su Corte Suprema. Eso, en una democracia, no es un matiz diplomático ni una simple diferencia de criterio, sino una intromisión directa en el funcionamiento interno del Estado.

La respuesta del canciller Javier Martínez-Acha llevó la discusión al terreno institucional donde realmente estaba el problema. Recordarle al representante chino que Panamá es una democracia, que la Corte Suprema es un órgano independiente y que el Ejecutivo no puede interferir en sus decisiones no fue una frase de protocolo, sino que situó el debate en el terreno de la separación de poderes y la independencia judicial.

Pero hubo un elemento todavía más revelador en su intervención: admitir que representantes chinos le habían pedido antes que interviniera para revertir el fallo. Esa sola afirmación cambia la lectura de todo el episodio, porque deja claro que lo escuchado en la OEA no fue una salida de tono aislada, sino la expresión pública de una presión previa para que el gobierno panameño hiciera algo que constitucionalmente no puede hacer: intervenir en una decisión que corresponde exclusivamente a la Corte Suprema.

Conviene detenerse ahí. La Corte declaró inconstitucional la concesión a Panama Ports Company, filial del conglomerado CK Hutchison, así como la renovación automática aprobada en 2021. No fue una decisión del presidente, ni del canciller, ni de la Asamblea Nacional, sino una decisión adoptada por el máximo tribunal del país dentro de un proceso judicial y a partir de una interpretación constitucional que concluyó que esa prórroga no cumplió con los requisitos legales panameños. Se podrá debatir el fallo, criticar sus efectos o advertir sobre sus costos, pero lo que no se puede hacer es exigirle al Ejecutivo que lo deshaga para evitar el malestar de una potencia extranjera.

La preocupación crece aún más cuando se observa lo ocurrido después. Panamá ha denunciado que, tras la salida de CK Hutchison de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, la retención de buques con bandera panameña en puertos chinos pasó de entre 30 y 40 casos al mes a cerca de 140, mientras que más de 200 buques, según el presidente José Raúl Mulino, han abandonado ya el registro panameño. China sostiene que las inspecciones responden a criterios técnicos y a obligaciones internacionales. Puede ser. Pero la magnitud del salto y su coincidencia con el conflicto portuario hacen difícil no ver ahí un mensaje político.

Es ahí donde este episodio deja de ser un roce bilateral y empieza a encajar en una lógica más amplia de poder. China no solo está defendiendo a una empresa; está enviando una señal. La secuencia de hechos proyecta la idea de que una decisión soberana de Panamá puede acarrear costos cuando afecta intereses chinos. Primero cuestiona públicamente la legitimidad del fallo de la Corte, luego insiste en que Panamá debe “corregir” su conducta y, al mismo tiempo, deja sentir su peso en un ámbito especialmente sensible para el país, como lo es el marítimo.

Panamá puede, y debe, reconocer la importancia de su relación con China. Lo que no puede hacer es aceptar como normal que una potencia extranjera descalifique a su Corte Suprema, presione a su canciller para que intervenga en un fallo y, al mismo tiempo, adopte medidas que afectan a un sector tan sensible como el marítimo. La soberanía no solo se vulnera cuando se amenaza una frontera o se desconoce un tratado; también se vulnera cuando se intenta condicionar el funcionamiento de las instituciones internas de un Estado y cuando se castiga económicamente a un país por aplicar su propia Constitución.

La respuesta panameña, por tanto, no puede ser ambigua. Tiene que ser firme, no por orgullo ni por pose diplomática, sino por una razón mucho más simple: en una democracia el gobierno no corrige sentencias de la Corte Suprema y menos para satisfacer a otro Estado. Más allá de la controversia puntual, el episodio deja una lección diplomática evidente: la relación entre Panamá y China exige respeto a la soberanía panameña, a su separación de poderes y a la independencia de sus instituciones.