Panamá y Costa Rica: el costo del congelamiento comercial

La controversia comercial que enfrenta Panamá con Costa Rica ha dejado de ser un debate técnico sobre estándares sanitarios para convertirse en un test sobre coherencia de su política de integración comercial. Lo que comenzó como un conflicto puntual, relativo a autorizaciones y requisitos de plantas exportadoras, ha derivado en un estancamiento prolongado de la relación bilateral que afecta la economía real, desarticula cadenas de suministro regionales y erosiona la percepción internacional sobre la conducta regulatoria de Panamá.

El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organición Mundial de Comercio (OMC) examinó las medidas aplicadas por Panamá a las importaciones costarricenses y concluyó, tras un escrutinio detallado, que varias de esas medidas carecían de una base adecuada en evaluaciones de riesgo y, en algunos casos, imponían restricciones más severas de lo necesario. Ese diagnóstico, producido conforme a procedimientos y criterios que buscan equilibrar protección sanitaria y facilitación del comercio, recomendó ajustes para restablecer condiciones que permitieran el intercambio comercial sin poner en riesgo la salud pública sobre constataciones técnicas sustentadas en evidencia y metodología.

Frente a esa decisión del OSD, la reacción oficial en Panamá subrayó la prioridad de la soberanía sanitaria y la protección de la salud pública, ambos mensajes válidos, en abstracto. El problema radica en la disonancia entre esa retórica y la decisión procesal adoptada, que privilegió una vía de apelación ante el Órgano de Apelación (OA) de la OMC, cuya operatividad se encuentra hoy día totalmente limitada a efectos prácticos, -como bien sabe Panamá-, que ha conducido a un ¨congelamiento¨ del dictamen final, y a una posposición, sine die, de la resolución del diferendo comercial, por lo que las barreras permanecen, y la relación comercial sigue alterada.

Apelar al OA de la OMC no era, en mi opinión, la única opción con que se contaba, ni la más recomendable, desde el punto de vista estratégico. El marco jurídico multilateral ofrece alternativas legítimas y eficaces que muchos países han utilizado cuando la vía ordinaria muestra disfunciones, -como es el caso hoy día-, tales como el arbitraje por mutuo acuerdo, auditorías técnicas conjuntas, o protocolos de inspección que permiten verificaciones imparciales en plazos razonables. A nivel regional existen, además, mecanismos y prácticas de cooperación que facilitarían soluciones técnicas y vinculantes. Por ende, habría sido posible acordar rutas que protegieran la salud pública y, simultáneamente, restauraran el flujo comercial con seguridad jurídica y transparencia.

Por el contrario, mantener una postura inamovible frente a hallazgos técnicos, genera una percepción de obstinación que alimenta sospechas de que las medidas adoptadas privilegian intereses proteccionistas sobre soluciones objetivas. Barreras no arancelarias, como las adoptadas por Panamá, más allá de su impacto inicial sobre proveedores costarricenses, restringieron la oferta interna, presionando al alza los precios y reduciendo la competencia en el mercado doméstico. En la práctica, por lo tanto, los consumidores panameños se han convertido en ¨financiadores indirectos¨ de un proteccionismo disfrazado.

Desde la óptica de la economía política internacional, las implicaciones trascienden lo comercial. La estrategia elegida ha enviado señales diversas a socios y potenciales inversores, a organismos multilaterales y a actores regionales. La preferencia por tácticas procesales unilaterales, que han prolongado el conflicto, ha incrementado el costo de cumplimiento y debilitado la expectativa de que Panamá actúe como socio fiable en acuerdos basados en reglas. En el corto plazo, ello puede provocar la reorientación de flujos comerciales y, en el mediano plazo, traducirse en un deterioro reputacional que encarezca la negociación de futuros tratados o reduzca la cooperación. Adicionalmente, el efecto distributivo interno es igualmente delicado ya que sectores protegidos obtienen beneficios temporales, pero sin competencia ni apertura, se socavan incentivos para elevar productividad e innovación. Mientras tanto, consumidores, distribuidores y empresas, dependientes de insumos importados, asumen pérdidas que terminan por limitar la capacidad del país para diversificar su base productiva y mejorar competitividad.

Adicionalmente, están las externalidades geopolíticas del caso ya que, en un entorno donde la gobernanza comercial se apoya en reputación y cumplimiento de normas, la renuencia a agotar vías cooperativas puede reducir la influencia diplomática de Panamá. Aspiraciones estratégicas, como sería mayor protagonismo regional, o mejores posiciones en foros multilaterales, -como en la OCDE-, pueden tornarse más difíciles ante una oposición de Costa Rica.

La ruta prudente creo que exigiría un replanteamiento que pasara por combinar controles científicos rigurosos con mecanismos de verificación recíproca; aceptar arbitrajes o evaluaciones técnicas alternativas, o desplegar protocolos para un proceso de reapertura condicionada. Además, acompañar esas medidas con una narrativa pública, orientada a la cooperación técnica y a la transparencia, restauraría credibilidad, reduciría costos políticos y permitiría una renovación de la confianza bilateral.

En consecuencia, el desafío es institucional y político para superar presiones de corto plazo y adoptar una visión de interés nacional que priorice la estabilidad comercial, la integración regional y el bienestar ciudadano. Estoy convencido que si Panamá actuase con pragmatismo técnico y coherencia diplomática, podría transformar esta situación en una oportunidad para fortalecer instituciones, reactivar el comercio con Costa Rica y consolidar su posición en la región de la mano del socio natural para ello. Si, por el contrario, persiste la decisión de congelar el diferendo comercial mediante recursos y argumentos improductivos, Panamá podría perder influencia y credibilidad, y ver aumentado el costo de negociación bilateral y multilateral, en un mundo donde la cooperación, basada en reglas, es moneda de cambio.