Plan de preservación de la mina: lo que nadie dice

La reciente decisión del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de autorizar la ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura del Proyecto Cobre Panamá es, en mi criterio como profesional con experiencia en gestión ambiental y regulación minera, sin duda alguna, una medida técnicamente responsable y jurídicamente viable que llega en un momento crítico para el país.

En el debate nacional sobre minería, profundizado tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, se ha generado una narrativa pública cargada de tensión, desinformación y posiciones absolutistas, muchas veces amplificadas por redes sociales que no siempre reflejan la complejidad técnica ni legal de la situación.

Como especialista, creo necesario puntualizar que este plan no busca reactivar la mina como tal, sino evitar que una paralización total e indefinida genere impactos ambientales y sociales, consecuencia que se ha estado evitando durante casi 2 años gracias a profesionales panameños que han afrontado el reto de mantener de forma segura las instalaciones con el apoyo y responsabilidad de la empresa. Estamos hablando de preservar y controlar activos sensibles que, sin operación mínima, podrían convertirse en amenazas para los ecosistemas, los cuerpos de agua y las comunidades vecinas.

El plan aprobado el 30 de mayo de 2025 contempla tres acciones puntuales:

1. Permitir el ingreso y suministro por el puerto, lo cual es esencial para la logística de seguridad, monitoreo y mantenimiento de los sistemas críticos.

2. Reactivar la planta de generación eléctrica, que no es un lujo, sino una necesidad técnica para evitar el deterioro de infraestructuras, prevenir fugas de materiales y mantener en funcionamiento sistemas de bombeo, ventilación y control ambiental.

3. Autorizar la exportación del concentrado de cobre ya almacenado, una medida que evita riesgos de acumulación innecesaria y permite generar ingresos que pueden destinarse a obligaciones laborales y ambientales.

Estas acciones se sustentan en principios básicos del derecho ambiental: el deber de prevención, la gestión del riesgo y el principio de no regresión. Es decir, si el cese total de operaciones expone a mayores daños ambientales, jurídicamente es mejor mantener una gestión técnica controlada, en vez de cerrar los ojos a lo que pueda ocurrir, o peor aún, patear la pelota para más adelante sin saber quién la va a controlar después.

Pero no podemos dejar a un lado que la desinformación sigue siendo un obstáculo para seguir avanzando como país, ya que resulta preocupante al leer algunos comentarios en redes sociales que, en lugar de evaluar esta decisión con criterios técnicos y legales, buena parte del debate de algunos grupos radicales esté dominado por consignas y afirmaciones infundadas, muchas de ellas amplificadas en otras redes sociales sin mayor verificación.

Tomar decisiones ambientales basadas en rumores o indignación momentánea puede resultar tan peligroso como la inacción. La ciudadanía tiene derecho a expresarse, pero también tiene el deber de informarse bien. Las redes no pueden ser la única fuente para comprender un problema tan técnico, legal y sensible como este. Dejar que la opinión pública sea guiada exclusivamente por emociones, sin contrastar con datos ni con la opinión expertos en el tema, debilita el diálogo democrático y la toma de decisiones responsables.

Debemos ver los impactos sociales y la reactivación regional desde una óptica de desarrollo sostenible, con base en que este plan tiene un valor adicional del que nadie habla, que es: permitir el inicio de una recuperación económica progresiva principalmente en el interior del país, particularmente en áreas como Donoso y distritos colindantes donde la economía local quedó gravemente afectada por el cierre abrupto de operaciones.

Miles de familias dependen directa o indirectamente del ecosistema económico que se generó alrededor del proyecto. Restaurar parcialmente la actividad con parámetros técnicos y estrictos, ofrece una vía para proteger medios de vida, estabilizar economías locales y reducir la presión migratoria hacia la ciudad de Panamá, que también sufre su propia crisis estructural.

Además, la exportación del cobre ya procesado no solo evitará pérdidas económicas, sino que puede convertirse en una fuente temporal de ingresos para cumplir compromisos laborales, ambientales y fiscales pendientes.

A la luz de estos elementos, el Plan de Preservación y Gestión Segura no es una concesión a la minería descontrolada ni una negación del fallo judicial, sino una estrategia de contención técnica, legal y ambiental para reducir los riesgos de una crisis mayor. Soy de la opinión de que la implementación de este plan debe ser monitoreado de cerca por el Estado, las comunidades y los expertos, en un proceso de vigilancia activa y transparente.

No se trata de volver al pasado ni de ignorar los errores. Se trata de aplicar la mejor herramienta que tenemos hoy para evitar males mayores, garantizar la estabilidad del ecosistema, proteger la salud pública y mantener una base mínima para que el país, en especial el Panamá rural, pueda levantarse con un rumbo positivo.