Política de seguridad no es política criminal

En América Latina, buena parte del debate sobre seguridad suele comenzar demasiado tarde: cuando el delito ya ocurrió. Discutimos qué debe hacer el Estado con quien delinque, cómo identificarlo, detenerlo, investigarlo, juzgarlo y sancionarlo. Pero dedicamos mucha menos atención a una pregunta anterior y, desde la perspectiva del ciudadano, más importante: ¿qué debe hacer el Estado para que haya menos víctimas?

Cambiar el punto de partida no significa ser menos firmes frente al delito ni restar importancia a la investigación y la justicia. Significa incorporar con mayor claridad una responsabilidad esencial del Estado: anticiparse al daño y procurar que el delito y la violencia no lleguen a ocurrir. Es allí donde cobra importancia distinguir dos conceptos que suelen utilizarse como equivalentes: Política de Seguridad Pública y Política Criminal.

Ambas son indispensables, están estrechamente relacionadas y necesitan funcionar coordinadamente. Pero no persiguen exactamente el mismo objetivo.

La Política Criminal procura que, cuando alguien comete un delito, el Estado pueda identificarlo, investigarlo, llevarlo ante la Justicia y, si corresponde, sancionarlo.

Quien finalmente puede determinar responsabilidades es la Justicia. La Policía identifica hechos, reúne información y evidencia, desarrolla hipótesis e investiga conforme al marco legal. La Fiscalía conduce o impulsa la persecución penal según el sistema procesal correspondiente. Esta distribución de funciones es una garantía fundamental del Estado de derecho.

La Política de Seguridad Pública responde a una pregunta diferente y anterior: ¿qué podemos hacer para que el delito, la violencia o el incidente de seguridad no lleguen a ocurrir? Si el centro de gravedad de nuestra política está colocado después del delito, mediremos denuncias, detenciones, allanamientos, incautaciones, investigaciones y condenas. Todos son indicadores importantes. Pero describen la capacidad del Estado para reaccionar frente a un daño ya producido.

Para la víctima existe un resultado todavía mejor que detener al responsable de un robo: que no le roben. Mejor que esclarecer un homicidio es evitarlo. Mejor que decomisar un cargamento ilícito después de que ingresó a una cadena logística es impedir que esa cadena pueda ser utilizada. Esta constatación está llevando a numerosos países a fortalecer el componente preventivo de sus políticas de seguridad. No porque la prevención pueda sustituir a la investigación criminal, sino porque ambas cumplen funciones diferentes y complementarias.

Aquí aparece una oportunidad para Panamá. El país cuenta con importantes capacidades policiales y de seguridad, instituciones especializadas y una posición geográfica y logística excepcional que genera desafíos particulares. Una Política de Seguridad Pública explícita, orientada a resultados y basada en evidencia puede convertirse en el instrumento que articule esas capacidades alrededor de una pregunta común: ¿qué riesgos queremos reducir y qué resultados concretos queremos producir para los ciudadanos?

Esto cambia también la manera de pensar el servicio policial. La Policía deja de ser vista solamente como la institución que llega cuando algo ocurrió. Su conocimiento territorial, las llamadas de emergencia, denuncias, patrullajes, intervenciones, inteligencia y contacto cotidiano con la comunidad generan información que puede utilizarse para anticipar riesgos.

Sabemos que el delito no se distribuye uniformemente. Determinados lugares, horarios, víctimas, ofensores, mercados y circunstancias concentran riesgos considerablemente mayores. Identificarlos permite focalizar recursos antes del incidente, intervenir sobre oportunidades criminales y evaluar posteriormente si esas intervenciones funcionaron.

No se trata de gastar más. Se trata de obtener mayor seguridad con las capacidades existentes. Una Política de Seguridad podría seleccionar algunos problemas prioritarios, establecer resultados medibles, identificar factores de riesgo, determinar qué instituciones pueden intervenir sobre ellos y evaluar periódicamente los resultados. La Policía aportaría un componente fundamental, pero no estaría sola: municipios, educación, desarrollo social, autoridades marítimas y fronterizas, sector privado y comunidades pueden tener responsabilidades específicas dependiendo del problema.

Esto permite diferenciar claramente dos preguntas que el Estado necesita responder. Después del delito: ¿quién fue responsable y cómo podemos demostrarlo ante la Justicia? Antes del delito: ¿qué podemos hacer para que no ocurra? La primera pertenece al ámbito de la Política Criminal y la Justicia. La segunda debería constituir el corazón de una Política de Seguridad Pública.

Panamá tiene una buena oportunidad para avanzar en esa dirección. No se trata de reemplazar lo que existe, sino de complementarlo y optimizarlo: mantener una Policía capaz de reaccionar eficazmente cuando el delito ocurre, pero fortalecer cada vez más su capacidad de contribuir a que no ocurra. Porque esclarecer un delito es un éxito importante del Estado. Evitar que haya una víctima es un éxito todavía mayor.