El próximo magistrado o magistrada del TE

En octubre de 2022, se cumplen 10 años del nombramiento de los magistrados Heriberto Araúz Sánchez (principal) y Myrtha Varela de Durán (suplente) y con ello el vencimiento del periodo que deben servir dichos cargos, según lo dispone la Constitución.

Aún cuando son muchas más, las funciones con que principalmente se relaciona al Tribunal Electoral (TE) son las de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Que el proceso electoral sea limpio y transparente y que quienes ganen sean reconocidos.

Para cumplir fielmente con esas funciones y muchas más, de aquella institución desvencijada y maltrecha, asociada al fraude electoral que nos dejó la década de 1980, el Tribunal ha sabido reorganizarse, profesionalizarse y evolucionar. Ese proceso ha contado con el apoyo de toda la sociedad. Si bien no exento de dificultades, con balance positivo.

Los retos son enormes, la población crece, un sistema complejo y altamente normatizado, los acuerdos se dificultan, el esquema de actualización de las reglas electorales, a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales –ejemplo para la región–, muestra desgaste.

La práctica política tiene una tendencia perniciosa a la polarización y al populismo. Sumado a un descontento real de los ciudadanos con un sistema democrático que, cada vez más, luce incapaz de resolver los problemas básicos de los ciudadanos.

No son pocos ni solo recientes, los estudios que de manera recurrente indican que en América Latina el nivel de insatisfacción con la democracia es creciente. En Panamá no es distinto. La percepción ciudadana ha cambiado significativamente, de mediados de los 1990, cuando el 75 % respaldaba la democracia a niveles por debajo del 50 % en la actualidad.

El debate sobre la calidad de nuestra democracia no se puede seguir eludiendo. De lo contrario, vamos a amanecer un día sorprendidos por algo que se nos viene anunciando claramente.

La Constitución Política le otorga al Tribunal Electoral, autonomía e independencia. La credibilidad y confianza se la ganan con estricto apego a esa misma Constitución y las leyes.

La forma en que se constituye el Tribunal por tres magistrados es especial y, a veces poco conocida. Su designación es escalonada, por diez años y nombrados, cada uno, por los órganos que ejercen el poder público.

En el caso de la designación que deberá cumplirse este año, corresponde hacerla a la Corte Suprema de Justicia.

Para ser magistrado se debe cumplir con los mismos requisitos que para magistrado de la Corte Suprema de Justicia (C. N., artículo 204).

De los tres órganos que realizan las designaciones, la Corte Suprema es el único que no está compuesto por miembros de partidos políticos y en adición les está vedada la participación política, salvo el ejercicio del voto.

Corresponde a la Corte Suprema estar a la altura de su trascendental responsabilidad. Reglamentando con suficiente antelación los trámites de convocatoria, entrevistas, comentarios u observaciones, propiciando la transparencia del proceso, al tiempo que el mismo se surta con propiedad y sin apresuramientos para los mejores intereses de la institución electoral y del país.

Por otra parte, también será deber de panameños y panameñas, realizar las meditaciones adecuadas para someter sus nombres y su compromiso para asumir esa responsabilidad y estar a la altura de las exigencias del país. Y entregarle a Panamá honestidad en el servicio público.

En el 2023 se cumplirán 30 años de las elecciones generales de diciembre de 1993, que fueron las primeras en plena libertad y con riguroso apego a los resultados dictados por la voluntad popular. En la historia de una nación, tres décadas no es mucho tiempo. Más o menos, una generación. Aquellos que nacieron por aquellos días, solo han hecho ejercicio del sufragio en dos ocasiones.

La cultura democrática se construye entre todos, entendiendo que nos sirve a todos, haciendo especial énfasis en los más jóvenes. Estar atentos a este proceso y la selección del próximo magistrado o magistrada (y su suplente) del Tribunal Electoral es deber de todos los ciudadanos y ciudadanas.

La democracia no es solo votaciones y el respeto a los resultados, pero sin eso no se puede aspirar a cumplir con todos los demás retos.